Fuente: BAE – El Gobierno reglamentó el nuevo régimen de contratación de obra pública que había establecido en marzo. Abren la participación a nuevos interesados
El Gobierno dispuso la reglamentación de un nuevo régimen de contratación de obra pública que, a diferencia del vigente, no impone el requisito de contar con trabajos previos con el Estado, en lo que constituyó para algunos críticos del sistema un esquema de cartelización que impedía la participación por fuera de un grupo de empresas que se dio a conocer popularmente como “patria contratista”.
La nueva “Metodología de cálculo y vigencia de la calificación de los contratistas de obra pública” se detalla en el anexo de la disposición 24/2025 de la Oficina Nacional de Contrataciones, publicada hoy en el Boletín Oficial, establecida para “fomentar una mayor concurrencia de interesados y competencia entre oferentes y el ingreso de nuevos participantes locales y de empresas extranjeras”.
Para concretarlo, el Gobierno consideró que “corresponde flexibilizar los parámetros tenidos en cuenta para calificar a las constructoras de obra pública y simplificar el trámite a los fines de agilizar el procedimiento de inscripción”.
Igual tratamiento
De esa forma, añadió, se deben prever “criterios que contemplen de igual modo a las empresas nacionales y extranjeras y a los antecedentes de obra pública o privada, a los fines de la determinación de la capacidad de ejecución; y no ponderen los compromisos de obras asumidos, eliminándose la capacidad de contratación”.
La disposición se da a conocer días antes de la realización de la Convención Anual de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), a llevarse a cabo el 3 de junio, en la que, a diferencia de lo habitual, no contará con funcionarios del Gobierno nacional entre sus expositores.
El posteo de Sturzenegger
La medida fue destacada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en uno de sus habituales posteos en la red social X, en el que “durante 70 años imperó un sistema de cartelización establecido por ley”, en referencia a la 13.064 de 1947.
“Este dislate la ley lo protegía a través de un perverso sistema que limitaba la capacidad constructiva de cada oferente asegurando un reparto entre los actores al tiempo que limitaba la entrada al ‘club’”, manifestó, para agregar que con la nueva disposición ”se derrumban las barreras de entrada a nuevos jugadores» y además “se termina el sistema de la capacidad constructiva, que era el corazón del sistema anterior”, por entender que dificultaba o directamente impedía la incorporación de eventuales competidores.
“¡Centeno nunca más!”, exclamó el funcionario, en alusión a Oscar Centeno, el exchofer cuyas anotaciones dieron origen a la denominada “Causa de los cuadernos”.
Sturzenegger aseguró que antes de la modificación, “a los que hacían obra privada o en el exterior no se los dejaba competir” pero que a partir de ahora “estarán en paridad con la patria contratista e incluso si no tuvieran obras previas también podrán competir reemplazando obras por patrimonio o garantías”.
Unificación de registros
En marzo de este año, el Gobierno unificó todos los registros de inscripción de aquellos interesados en la contratación para la realización de obras públicas o servicios de consultoría, a efectos de “maximizar la eficiencia del gasto público”.
El decreto 105/2025 ahora reglamentado dispuso la supresión del Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas y del Registro Nacional de Firmas Consultoras de Obras Públicas, en este último caso “por encontrarse obligadas las personas interesadas en contratar servicios de consultoría con la Administración Pública Nacional a inscribirse en el Sistema de Información de Proveedores (Sipro)”.
En su lugar, las empresas y profesionales que deseen contratar con la Administración Pública Nacional deberán inscribirse en una base de datos unificada.