Fuente: Cronista – En una disputa con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), el Gobierno eliminó una plataforma de acceso a los proyectos sin consultar con los empresarios. Cómo serán los futuros parámetros de acceso. La opinión del sector
El Gobierno nacional oficializó a través de un decreto el fin de un registro clave para la adjudicación de Obras Públicas en todas las provincias. En un contexto de caída del sector, el ministro Estado Federico Sturzenegger anunció un nuevo mecanismo de regulación para las empresas que quieran acceder a dichos contratos.
Tal como lo había adelantadoEl Cronista, la decisión del Gobierno se dio sin ningún tipo de reunión previa con la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco).
Esta mañana se publicó en el Boletín Oficial el decreto 105/25 que cercenó de la Ley de Obras Públicas 13.064 el Registro de Constructores que indicaba las reglas para las empresas que quisieran acceder a licitaciones. El Registro de Constructores establecía el concepto de capacidad constructiva. Es decir, que las empresas que están dentro de la Comarco debían demostrar un historial de obra pública previa para poder acceder a una nueva licitación.
Asimismo, los solicitantes debían poder certificar también la «capacidad de competir«. En otras palabras, un patrimonio capaz de ser ejecutado en caso de incumplimiento del contrato concedido.
Nueva Obra Pública en la Era Milei: qué cambia para las empresas
En primer lugar, tal y como lo anunció Sturzenegger el nuevo decreto elimina el concepto de capacidad constructiva. El nuevo reglamento que prepara el Gobierno permitirá acceder entonces a las licitaciones empresas que no tengan un historial previo.
Además, también elimina la necesidad de tener capacidad de competir. El Gobierno sostiene que implementará un nuevo registro que habilitará la posibilidad de acceder a obras con una garantía ejecutable. Previamente, sólo se podía acceder a una obra si se tenía un patrimonio u obras que fueran ejecutables.
Por otra parte, la decisión de Sturzenegger también elimina el concepto de capacidad constructiva, que se encargaba de eliminar empresas a medida que se iban adjudicando las obras dependiendo de su experiencia previa.
«El Registro de Constructores había sido el mecanismo por el cual la patria constructora se había repartido la obra pública sin arriesgar capital y haciendo que el Estado siempre pague el pato de la boda», aseguró Sturzenegger a través de una publicación en la plataforma X.
Para el ministro de Desregulación, el cambio hace que dejen de ganar «los mismos de siempre». «Ganaban los mismos independientemente que mantuvieran a sus empresas con patrimonios exiguos, cosa de nunca asumir pasivos relevantes (Baez, ¿se acuerdan?)», aseveró el exfuncionario de los gobiernos de De la Rúa y Mauricio Macri.
Según indicaron fuentes de Comarco en diálogo con El Cronista, este nuevo registro que estaría preparando el Gobierno nacional tendría condiciones más laxas para acceder a las licitaciones y permitirá que empresas sin experiencia accedan. En este sentido, fuentes de la Cámara que dirige Gustavo Weiss indicaron que están pidiendo una reunión con el Ejecutivo para poder participar de la nueva regulación.
Para fuentes del sector, la decisión de eliminar la obligatoriedad de la experiencia previa y de que se pueda acceder a una licitación solamente con una garantía pone en riesgo la calidad de la obra pública que se construirá. Sin embargo, para Sturzenegger la desregulación esboza «los elementos de un sistema más transparente, competitivo, y con mayor protección para el Estado».
«Empieza a desgajarse el club de la obra pública que tuvo a los argentinos de rehén por 80 años», concluyó el ministro en tono desafiante.
El proyecto fue encabezado por Sturzenegger y acompañado el vicejefe de Gabinete José Rolandi y la titular de la Oficina Nacional de Contrataciones Soledad Vallejos Meana.
Fuente: La Capital – La desinversión de Nación en el rubro y la reducción en los tiempos de pago provocaron que en el 60% de las aperturas de sobres del municipio las constructoras se presenten con valores menores a la referencia.
Es una situación cada vez más marcada: las principales licitaciones públicas que abrió el municipio últimamente, tanto de servicios como de obra (pavimento, cloacas y alumbrado, entre otras), registran un inusual nivel de ofertas por debajo de los precios de referencia que toma el Estado, generando un ahorro para las arcas oficiales que promedia el 35%.
De hecho, entre el año pasado y lo que va del actual, se realizaron 25 aperturas de sobre por debajo del presupuesto oficial, lo que constituye un 60% del total. Paralelamente, se duplicó la cantidad de oferentes que, según el caso, se presentan con un 10%, 15% o 20% por debajo de los valores oficiales.
Este fenómeno, que también se da a nivel provincial, tiene que ver con el hecho de que Nación se retiró completamente de la inversión en la obra pública, y por eso quedan muchas empresas, que antes compulsaban por esos proyectos, que ahora están interesadas en ofertar y competir en precio para seguir teniendo actividad.
Tiempos de pago
Desde el Ejecutivo sostienen que esto también se debe a la reducción en los tiempos de pago por parte del Estado, lo que genera la eliminación de muchos intereses. Anteriormente, los pagos tenían un mínimo de demora de 180 o 200 días. «Gracias al saneamiento de cuentas del municipio y al hecho de que la toma de deuda es para hacer obra pública y no para sostener gastos corrientes de mantenimiento, hoy la gran mayoría de los pagos salen a 30 o 45 días«, informaron.
Para ilustrarlo, en la última apertura de sobres para obras cloacales se presentaron 15 oferentes, cuando anteriormente no se superaba el número de 5 o 6 empresas. La semana pasada, por ejemplo, se abrieron los sobres para la licitación de luces led: el presupuesto era de 1.376 millones de pesos y la oferta ganadora fue de alrededor de 747 millones, lo que representa un ahorro del 45%.
También es el caso de la licitación para obras de infraestructura de barrio Tablada, presupuestada en casi 1.842 millones y que fue adjudicada en 1.387 millones, un 24% por debajo de su valor; o de los insumos para centros de salud, que tuvo una oferta ganadora de 43 millones cuando el presupuesto oficial estaba fijado en 62,6 millones de pesos. Es decir, un ahorro de un 30%.
Las constructoras
«Esto se ve tanto en provincia como en municipio. En algunos casos puede ser que el presupuesto oficial haya estado distorsionado, desde que se arma el estudio hasta que sale la licitación el mercado puede hacer que el valor se reduzca, porque algunos insumos bajaron desde septiembre para acá. Pero es cierto que, al retirarse la obra pública nacional, hay menos trabajo y más oferentes«, subrayó Mariano Schor, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción delegación Rosario.
En ese marco, algunas empresas, por conservar el contrato, van para abajo en los precios para mantener las estructuras. «Siempre que hay momentos de crisis pasan estas cosas. En la pandemia, cuando no se sabía lo que iba a pasar, hubo algunos casos particulares en los que se pusieron valores muy bajos, y después las empresas tuvieron inconvenientes financieros y problemas para continuar los trabajos. Esto es un peligro que puede estar presente en el futuro», advirtió el empresario.
Paralelamente, la construcción privada también tuvo una caída en 2024 por el aumento de los materiales. Entre enero del año pasado y el mismo mes del 2025 la superficie autorizada fue un 45,9% menor, el punto más bajo en más de 10 años. Sin embargo, Schor aclaró que el último trimestre del año pasado la situación empezó a repuntar, beneficiando a un sector importante en cuanto a la generación de empleo.
En esa línea, el titular de Dyscon SA destacó el rol del Estado. «El gobierno provincial, que sigue invirtiendo en infraestructura pública, es importante para mantener una industria como ésta. En este momento Santa Fe es una isla a nivel nacional. El plan de obras municipal en todos los barrios también es muy interesante, y es relevante para la vida del sector», señaló.
Foco en Rosario
«En primer lugar, la provincia de Santa Fe, y Rosario en particular, son los sitios del país con mayor volumen de obra pública, tanto el año pasado y sobre todo desde el inicio de 2025. Hay un ojo puesto de todas las empresas, no sólo de las locales que ya eran las que cotizaban la mayoría de las licitaciones en los últimos años, sino también de firmas de fuera de Rosario«, explicó Sebastián Chale, secretario de Gobierno del municipio.
Por ejemplo, algo que empezaron a ver la semana pasada cuando abrieron los pliegos de una obra de cloacas, es que se presentaron empresas de Buenos Aires, que habitualmente eran proveedoras de Aysa (la empresa de agua potable de la Ciudad de Buenos Aires y varios municipios del conurbano bonaerense), que prácticamente nunca tuvieron volumen de trabajo en Rosario.
Se suman a todas las empresas rosarinas y santafesinas, que son muchas, y que hoy con la obra prácticamente paralizada a nivel nacional, están con el foco exclusivamente en la ciudad y la provincia, con un sesgo distintivo: hay empresas grandes que están compitiendo en obras más sencillas, tanto de arquitectura como de obra civil.
«Es que hay licitaciones de todo nivel: obras más chicas como un pavimento a nivel definitivo, cloacas, plazas o veredas; y también grandes como las del parque España, que tiene una complejidad de ingeniería y pilotaje. Hay una variedad de proyectos para que puedan competir empresas de distinta escala», aseguró Chale.
Obras numerosas
Hoy la ciudad está con numerosos proyectos en marcha. Algunos están adjudicados y en ejecución, otros están licitados, y un último grupo tiene fecha de licitación muy próxima: entre los Juegos Odesur, el tricentenario, y el Acuerdo Rosario más las 300 obras barriales que anunció el intendente en la apertura de sesiones del Concejo. «Es un gran volumen, hay que irse muy atrás en el tiempo para encontrar un nivel de obra similar», lanzó.
Para el secretario de Gobierno, todo este proceso «confirma que se puede hacer obra pública, bajar costos y ser transparentes, porque el gobierno nacional considera que la obra pública es todo lo que está mal y está asociada a la corrupción. Es cierto que eso existió en gestiones anteriores y hay varias causas en curso, pero es algo que también se puede hacer bien. Pasamos de un extremo al otro, y la verdad que ninguno de los dos tiene que ver con la forma en la que el Estado tiene que hacer las cosas«.
Fuente: Perfil – Horacio Berra, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba, planteó las claves para sostener la construcción y proyecta un 2025 con crecimiento a nivel local, a pesar de los desafíos nacionales.
El sector de la construcción en Argentina atraviesa un momento de fuertes contrastes. Mientras que a nivel nacional la inversión pública se encuentra en un proceso de ajuste, en la provincia de Córdoba la apuesta por la obra pública genera expectativas positivas. Horacio Berra, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Delegación Córdoba, analiza el presente y futuro del sector.
El panorama actual: incertidumbre y oportunidades
La construcción privada muestra señales de reactivación, aunque de manera cautelosa. «A nivel nacional y provincial, se observa un leve repunte impulsado por las expectativas de algunos inversores que confían en una posible mejora de los precios en el mediano plazo», explica Berra. Sin embargo, la incertidumbre económica sigue condicionando la toma de decisiones.
En cuanto a la inversión pública, el contraste es evidente. «A nivel nacional, la política actual se caracteriza por una clara desinversión en infraestructura. Esto ralentiza el crecimiento del sector y reduce las oportunidades de empleo», advierte. En cambio, en Córdoba, la situación es distinta. «La provincia mantiene un plan de inversión ambicioso en infraestructura, lo que puede generar un impulso significativo en la actividad», señala.
Proyecciones para 2025: entre la recuperación y el ajuste
Las perspectivas para el este año están atadas a las políticas económicas nacionales. «Si la desinversión en infraestructura persiste, la recuperación a nivel federal será limitada«, advierte Berra. Sin embargo, en Córdoba, la inversión en obra pública podría generar una reactivación significativa a partir del segundo trimestre de 2025.
Factores clave para sostener la actividad
Para evitar una mayor caída del sector, Berra enfatiza la necesidad de garantizar estabilidad económica y seguridad jurídica. «La inversión en infraestructura debe ser considerada una política de Estado. Además, es fundamental ofrecer un marco económico predecible para que los inversores privados asuman riesgos», sostiene.
El acceso al crédito hipotecario es otro factor determinante. «Actualmente, las tasas de interés son elevadas, lo que dificulta el financiamiento a largo plazo. Una disminución de la inflación podría generar mejores condiciones para la adquisición de viviendas», agrega.
Empleo y estrategias de reconversión
El impacto de la coyuntura económica sobre el empleo en la construcción ha sido significativo. «El sector ha tocado fondo, con variaciones menores en los últimos meses», indica Berra.
Ante la reducción de proyectos estatales en otras provincias, las constructoras deben buscar alternativas para sostener su actividad. «Las empresas que logren diversificarse hacia desarrollos privados o ampliar su presencia en este sector tendrán mayores posibilidades de mantenerse a flote» recomienda.
Costo de materiales e impacto de la apertura de importaciones
El alza en los costos de los materiales, que en años anteriores fue una preocupación central, ha comenzado a estabilizarse. «Los incrementos ya no superan la inflación oficial y han reaparecido opciones de pago financiado por parte de los proveedores», destaca Berra.
Sobre la apertura de importaciones, advierte que, si bien podría reducir los costos de ciertos insumos, también representa un desafío para la competitividad de la industria local. «No todos los sectores están en condiciones de competir con productos importados, que pueden tener estructuras de costos muy diferentes», señala.
Si bien el contexto económico presenta desafíos, la inversión en infraestructura en Córdoba podría convertirse en un motor de reactivación para el sector de la construcción. «Las políticas de Estado que garanticen estabilidad y previsibilidad serán clave para atraer inversión y sostener el crecimiento», concluye Berra.
Fuente: IProfesional – Tras el fin de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, miles de unidades quedaron inconclusas, generando incertidumbre sobre su futuro.
El reciente Decreto 70/2025, firmado por el Gobierno de Javier Milei, eliminó oficialmente la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda, un órgano clave en la política habitacional de Argentina.
Aunque la medida se formalizó ayer, «en los hechos, la política habitacional en Argentina llevaba meses en estado vegetativo», marcando un estancamiento en la ejecución de programas como el Procrear y el debilitamiento de herramientas fundamentales para reducir el déficit de viviendas.
Se estiman que hay unas 3,5 millones de viviendas con falencias estructurales en el país y a los segmentos medios y bajos les cuesta acceder como refaccionar sus hogares.
El argumento principal del Ejecutivo para esta radical decisión fue contundente: «El Estado no tiene que construir viviendas«. Sin embargo, esta declaración despertó fuertes críticas entre expertos y ex funcionarios, pero la «Motosierra» pasó por este rubro también.
Iván Kerr, ex secretario de Vivienda durante el gobierno de Mauricio Macri, afirmó que la declaración es, en parte, comprensible, pero errada al reducir la función de la Secretaría únicamente al rol de constructor y advirtió: «Eliminar la Secretaría sin diseñar una estructura alternativa es el equivalente a querer construir sin cimientos», dijo Kerr.
Déficits estructurales y la ausencia de una política habitacional activa
Para varios analistas del sector, la decisión no solo refleja un cambio de enfoque, sino una renuncia a enfrentar un problema estructural que afecta a millones de argentinos. Antes del cierre de la Secretaría, el acceso a la vivienda ya era limitado, en 2024 se otorgaron más de 11.000 préstamos hipotecarios, pero todavía persisten más de 4 millones de trabajadores excluidos por no calificar para créditos bancarios.
Enfatizó que el acceso a la vivienda no puede depender exclusivamente de los préstamos bancarios. Según sus palabras, «es necesario que los países planteen un menú de opciones para abordar el acceso a la vivienda de acuerdo con la capacidad de pago de los hogares y la institucionalidad del mercado de crédito».
En ese marco, Iván Kerr también subrayó, que países de la región como Chile lograron avances importantes con enfoques híbridos que combinan subsidios estatales y financiamiento privado, algo que Argentina debería considerar. Kerr puntualizó: «El financiamiento hipotecario es clave, pero no puede ser el único pilar».
Procrear, viviendas inconclusas y el rol de las provincias
Uno de los puntos más controversiales tras el desmantelamiento de la Secretaría es el futuro de más de 17.000 viviendas que quedaron sin terminar del Plan Procrear. El Gobierno nacional transfirió la responsabilidad de completar estas obras a provincias y municipios.
Sin embargo, se mantiene la incertidumbre sobre si algunas unidades serán puestas a la venta con financiamiento privado o si pasarán a ser administradas por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
En algunos casos, distritos como Catamarca, Mendoza, Misiones y Río Negro ya comenzaron a implementar estrategias propias para avanzar con la construcción. Además, en el conurbano bonaerense, municipios como Avellaneda decidieron destinar recursos propios para concluir unas 3.000 viviendas. Sin embargo, la falta de un esquema centralizado genera preocupación en torno a la coordinación y eficacia de estos esfuerzos descentralizados.
El impacto en el ingreso de Argentina a la OCDE
El enfoque actual del Gobierno también podría tener implicancias internacionales, considerando que Argentina avanza en su proceso de adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El Estudio Económico de la OCDE sobre Argentina 2023 ya había identificado como prioritarios los desafíos relativos a la urbanización y el acceso a viviendas.
En este sentido, expertos consideran que la eliminación de la Secretaría, sin una estructura alternativa, representa un retroceso y no está alineada con las recomendaciones internacionales.
En economías como en Canadá, Chile y Alemania, se combinan mecanismos que incluyen fondos de garantía, crédito y subsidios progresivos para ampliar el acceso, incluso entre sectores de bajos ingresos. «La política habitacional no puede depender exclusivamente del crédito bancario» y coincide en la necesidad de modelos mixtos», dijo Kerr.
Un paso en falso
Para Luciano Scatolini, ex secretario de Desarrollo Territorial a cargo de Procrear durante el Gobierno de Alberto Fernández, esta decisión implica un retroceso en la necesidad de una política de largo plazo. «No hay forma de resolver problemas estructurales sin que el Estado nacional fije un rumbo claro, acompañado por provincias y municipios», afirmó.
El déficit habitacional en Argentina no se reduce solo con la construcción de viviendas, sino con una planificación integral que contemple el acceso al suelo urbano, el desarrollo de infraestructura y la integración de servicios.
Scatolini señaló que los modelos internacionales más exitosos combinan la acción coordinada del sector público y privado. «Los problemas urbanos son complejos y las soluciones también. No es solo crédito, hay que planificar cómo se desarrolla y crece la ciudad», explicó.
Uno de los desafíos centrales es garantizar un equilibrio territorial y evitar la concentración urbana sin planificación.
Según Scatolini, sin una estrategia nacional, cada distrito deberá gestionar la problemática habitacional con sus propios recursos, lo que generará desigualdades entre provincias y municipios. «Claramente, el tema de los recursos públicos es clave, porque para mitigar el déficit se necesitan muchas obras», advirtió.
El crédito hipotecario es una herramienta fundamental, pero no suficiente. Con más de la mitad de la población en la pobreza, el acceso a financiamiento bancario resulta inviable para amplios sectores. «El déficit es más cualitativo que cuantitativo.Por eso debe actuar el Estado, arribar donde el mercado no llega», sostuvo Scatolini, quien recordó además que el Procrear permitió alcanzar más de 500.000 soluciones habitacionales bajo ese esquema.
Sin una política de vivienda definida, el mercado inmobiliario queda sujeto a las reglas de la oferta y la demanda, sin mecanismos que permitan equilibrar la accesibilidad.
Scatolini insistió en que la vivienda no puede pensarse de manera aislada, sino como parte de un modelo de desarrollo urbano. Añadió: «La vivienda sin ciudad no sirve. Se necesita infraestructura, servicios y conectividad para lograr soluciones habitacionales sostenibles».
Críticas al modelo de financiamiento y la estrategia emergente
Desde el Gobierno, uno de los argumentos para justificar este cambio de rumbo fue la supuesta falta de control en los fondos fiduciarios que administraban proyectos habitacionales.
No obstante, los críticos señalan que, al eliminar la Secretaría sin contar con un plan alternativo, «la única opción para millones de argentinos será la informalidad, el hacinamiento o la imposibilidad de acceder a una casa propia», concluyó Kerr.
Fuente: ámbito – En Casa Rosada confirman que Javier Milei no subirá el gasto, ni la inversión pública y utilizará el superávit para bajar impuestos. En 2024 cayeron unas 4.000 firmas. Las empresas piden al menos rescindir los contratos de los proyectos que quedaron truncos.
La inversión en infraestructura durante el año 2024 fue la menor desde la caída de la convertibilidad. El dato surge de un informe de la consultora PxQ que detalla los gastos de capital ejecutados por el Estado desde 1993 a precios constantes. Fuentes de la Casa Rosada le confirmaron a Ámbito que el gobierno de Javier Milei no piensa invertir en obra pública salvo contadas excepciones y apuntan a las provincias. Las empresas piden que, al menos, rescindan los contratos de los proyectos ya iniciados.
El Gobierno logró su objetivo de alcanzar el superávit financiero en su primer año de gestión. Para eso tuvo que llevar adelante un ajuste drástico del gasto público. El recorte, al que Javier Milei describió como “el más grande de la historia de la humanidad”, estuvo liderado por la obra pública que quedó virtualmente paralizada.
Según el monitor fiscal que elabora PxQ, la consultora del ex viceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis, la partida gastos de capital cayó un 77% y fue la que más sufrió, seguida por transferencias a provincias -68% (en muchos casos también para obras), otros gastos corrientes -66% y subsidios económicos -34%.
El parate pegó fuerte en las empresas. Según el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción (IERIC), para octubre de 2024 cayó un 9,2% la cantidad de empleadores, lo que evidencia la desaparición de unas cuatro mil firmas del sector en tan solo un año. Los datos del Instituto Argentina Grande, que nuclea a técnicos de Gabriel Katopodis, dan cuenta de una pérdida de 80.000 empleos en el período.
Obra pública: el panorama para 2025
El proyecto de Presupuesto que presentó el Gobierno al Congreso no anticipa un panorama mejor para el 2025. Prevé nuevos recortes en transferencias a provincias y municipios y una recuperación mínima para la partida de gastos de capital con respecto a lo ejecutado en 2024.
A esta altura, ese proyecto es letra muerta. El parlamento no lo trató ni lo tratará. Pero fuentes de la Casa Rosada confirmaron a Ámbito que Javier Milei descarta por completo la posibilidad de incrementar el gasto en Obra Pública: “No pasa solo porque no hay plata, es una concepción de este Gobierno, salvo contadas excepciones las obras las tienen que hacer las provincias”, dijo un funcionario consultado por este medio.
Sobre este punto, anticipó que lejos de avanzar en una suba del gasto o la inversión, el Gobierno aprovechará el margen fiscal que se vaya obteniendo para bajar impuestos. “Cuando se haga la canción de Milei lo hizo, no se mencionarán rutas ni puentes”, bromeó el funcionario con despacho en Balcarce 50.
El reclamo de las pymes
“Venimos del peor año de la historia del sector, está todo tan roto que lo que viene indefectiblemente tiene que ser bueno”, dijo a Ámbito Gerardo Fernández, presidente de la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina.
El Indicador Sintético de la Actividad de la Construcción que mide el INDEC registró en noviembre pasado una caída del 23,6% interanual, pero en el sector advierten que el indicador se ve distorsionado por el efecto de reactivación que genera Vaca Muerta. Señalan que en el resto del país las caídas son más profundas.
Empresarios de distintos ámbitos exigen a la Nación que se mantengan en condiciones las rutas.
“Las rutas están destrozadas, la infraestructura está saturada, alguien se va a tener que hacer cargo de esta situación”, señaló Fernández. Muchos empresarios de la construcción creen que las provincias, con mayor recaudación este año electoral, tomarán la posta que deja vacante Nación.
El principal pedido de las pymes constructoras hoy pasa por las obras iniciadas durante la gestión anterior. Muchas de ellas cuentan con avance superior al 80%. Ya no piden ni siquiera que se vuelquen los recursos necesarios para terminarlas. Lo que quieren es que se tome una definición y se rescindan los contratos si fuera necesario porque mientras tanto, siguen cargando con costos como los seguros y la seguridad.
Fuente: La Nación – El Gobierno eliminará un artículo de la ley de obras públicas para permitir que puedan presentarse a licitaciones empresas que no son del sector; hasta ahora solo pueden hacerlo las grandes constructoras, que ahora enfrentarían una mayor competencia.
El presidente Javier Milei y su brazo desregulador, el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se aprestan para pegarle un duro golpe a lo que la historia llamó el “club de la obra pública”. Justo el año en el que una enorme mayoría de los integrantes de ese universo de constructores se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio de los cuadernos de las coimas, el Gobierno romperá el ingreso al club.
Se trata de un simple artículo, que finalmente hace las veces de requisito de entrada. De acuerdo con lo que confiaron fuentes oficiales, se va a quitar del derecho positivo el artículo 13° de la ley de obra pública, un pequeño tramo de la la ley 13.064 creada en octubre de 1947. “Créase el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los efectos de la calificación y capacitación de las empresas, el que se regirá por el reglamento que deberá dictar el Poder Ejecutivo”, dice el artículo que Sturzenegger volará de un plumazo.
Parece una cosa menor, pero, en realidad, funciona como una suerte de bolilla negra para presentarse en una licitación. Quienes no están en el registro, no pueden construir para el Estado. La administración de Milei ya decidió que ese requisito de inscripción será pasado y que apenas valdrá con una declaración jurada. “Quien se presente y diga que lo puede construir, podrá hacerlo sin problemas. Luego deberá atenerse a las consecuencias en el supuesto caso de que no pueda con la obra. O que haya mentido en las declaraciones, pero será una cuestión de las inspecciones.
Actualmente, el Registro tiene una particularidad: otorga el certificado de capacidad de construcción. Y ese certificado entrega más posibilidades a las empresas que ya construyeron o construyen. Es decir, en los hechos, dicen en el Gobierno, obtura la entrada de nuevos jugadores y no incentiva la competencia. El asunto, explican, es que muchas veces las empresas saben que nadie tiene la capacidad para el total de una obra, entonces no tienen incentivo a bajar el precio porque saben y conocen que el proyecto se repartirá y que igual tendrán su porción, no importa el precio.
De acuerdo a la legislación vigente, en el Registro “podrán inscribirse las personas físicas (que desarrollen la actividad y posean matrícula de comerciante), como así también las personas jurídicas del tipo sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, personería jurídica extranjera con sucursal en el país u otras formas societarias en cuyo objeto social sean constructoras”, sean personas físicas como persona jurídicas que desarrollen la actividad.
Ese es el primer gran cambio. Sturzenegger se pregunta por qué no podría una empresa de otra actividad presentarse a construir una ruta en un lugar que necesite infraestructura para su planta. “En su caso podrá contratar una constructora que haga la obra”, dice el ministro. Es decir, en las futuras licitaciones podría haber empresas que no pertenezcan al histórico club de la obra pública.
La segunda consecuencia concreta es que podrán presentarse empresas extranjeras. Eso, al menos pretende el Gobierno.
Como se dijo, el gran punto que torna importante a ese Registro, al menos hasta ahora, es la entrega de ese certificado de capacidad de construir. “No favorece para nada la competencia. Más bien todo lo contrario, lo que hace es fomentar la cartelización ya que mientras más construyó una empresa más capacidad tiene y más obras podrá tener en el futuro”, dicen en el ministerio.
La reglamentación de este requisito dice actualmente: “Se deberán declarar todas las obras realizadas en los periodos de los estados contables declarados, incluyendo los compromisos actuales de obras preadjudicadas, adjudicadas y/o en ejecución, informando el avance de las mismas”.
Así las cosas, los constructores históricos siempre estuvieron en mejor posición para la próxima licitación por lo que habían hecho antes. Casi un coto de caza. Un tema no menos importante: para ser proveedor de obra pública, el Estado nunca les reclamó nada parecido a un esquema de “ficha limpia”, es decir, antecedentes.
Actualmente, gran cantidad de los que están primeros en el podio son imputados en la causa Cuadernos por haber pagado coimas a funcionarios, justamente, para adjudicarles las obras. La Argentina, donde no hay condena social ni económica por haberse corrompido, los dejó seguir concursando sin ningún problema.
La caída del Registro se suma a otra medida que el Gobierno tomó en estos días y que también impactó a los constructores. A horas de terminar el año, la obra pública argentina vio como se esfumaba la última esperanzas de fondos. El Tesoro le pidió a la Secretaría de Obras Públicas que devuelva un billón de pesos que estaban en el presupuesto y que habían sido recaudados específicamente para ser derivados a proyectos de infraestructura. Era un hecho que elPresidenteno destinaría una moneda de más a uno de los nudos de gasto público que siempre denostó. Ahora bien, también decidió que tampoco termine ahí lo que cada contribuyente puso de su bolsillo cuando pagó, durante el último año, el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).
La cuestión es simple. Hace ya cuatro años, cuando el tributo apareció, en el amanecer del gobierno de Alberto Fernández, se aprobó con una cláusula de distribución. Originalmente, esa norma estableció que la recaudación de ese tributo se destinaría en un 70% a la Anses –de ese porcentaje, 42 puntos porcentuales quedan en el organismo y 28 se envían al PAMI–. A su vez, el 9% se debe reservar para el financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del polémico Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y otro 19,5%, a obras de infraestructura económica, dinero que debe ser ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. Queda un mínimo porcentaje (1,5%) que debía financiar actividades de fomento del turismo nacional.
Pero a poco de llegar, la administración libertaria desarmó aquella ecuación. Mediante el decreto 193, de febrero de este año, eliminó prácticamente el aporte al FISU y del 9% lo redujo a 1% para entregarle esa diferencia a obras públicas. Así las cosas, llegó el fin de año y empezó la necesidad de darle un barniz de prolijidad a las cuentas públicas. Entonces, apareció un pagaré con 12 ceros. “Establécese que la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por pesos un billón ($1.000.000.000.000)”, dice un artículo del decreto 1104, publicado el 17 de diciembre en el Boletín Oficial. Parece una cuestión técnica, pero se trata de la consolidación de la decisión de Milei de no poner una moneda en obra pública, aún aquella que fue recaudada con una aplicación específica. Y si bien no le quitó todo, se hizo de gran parte. Lágrimas de fin de año para los constructores argentinos.
Fuente: Diario Jornada – El ministro Mema dialogó con Radio Jornada donde reclamó a la Nación soluciones para obras viales en la provincia.Además, destacó la situación fiscal de las comunas: “es bastante buena”, señaló.
Ante la preocupante situación derivada de la paralización de la obra pública por parte de la gestión del presidente Javier Milei, el ministro de Gobierno, Natalio Mema señaló en diálogo con el programa “Lado A” de Radio Jornada (FM 91.9).que Mendoza ha planteado los reclamos correspondientes para buscar soluciones a las demoradas obras viales en Mendoza.
“El Estado no ha estado ajena a la crisis social y económica que tenemos todos, pero el año pasado hubo 4 o 5 meses que faltó pavimento y se multiplicó por 7 el precio del pavimento”, señaló.
“Ahora bien, los municipios están haciendo puentes por todos lados y Vialidad Nacional no puede hacer dos puentes sobre la ruta 40, un papelón, la variante Palmira le falta menos pero no avanzó, dejaron la doble vía a San Juan inconclusa, estamos de acuerdo que como se estaba haciendo antes estaba mal ahora lo que plantea el gobernador es está bien el planteo, pero digan cómo”, afirmó.
El “papelón” de los puentes
“Nosotros hemos llevado alternativas para hacernos cargo de hacer esa infraestructura porque para Mendoza es muy doloroso tener esa ruta así. Son seis rutas nacionales que atraviesan la provincia entre ellas tres muy importantes la 7, la 40 y la 143. Lo que plantea el gobernador es que el costo argentino no es solo el desmadre macro económico que más o menos vienen arreglando, el costo argentino también es la infraestructura vial, es lo que le cuesta a cualquier productor llegar a un puerto para vender la mercadería. Cómo lo vamos a arreglar. Estamos dispuestos a buscar inversiones con concesiones porque en Mendoza no solo es lo que hay que recuperar, hay que hacer de vuelta muchos tramos y hay que hacer obras nuevas”, dijo.
El pedido de Mendoza a la Nación por las obras viales
“Entonces voy a Buenos Aires a que nos definan, dénosla a nosotros, nosotros nos encargamos. Que nos den la posibilidad de concesionar nosotros la ruta, de buscar la inversión nosotros y después vemos el rol de Validad Nacional, pero ya con las obras hechas y planteado el recupero. Hoy como están no están no es una cosa ni la otra, ni están poniendo plata ni la podemos poner nosotros por un tema de jurisdicción”, explicó Mema.
“El problema lo tenemos que solucionar, no es nuestra jurisdicción, no podemos intervenir, así como está. Nosotros estamos llevando alternativas. Nosotros estamos licitando todas las rutas provinciales con recupero y las estamos haciendo. El corredor internacional genera la posibilidad de recupero rápido de inversiones porque tenemos casi 1.000/1.500 camiones diarios que permitiría recuperar con el peaje de los camiones solamente. No quieren poner plata dejen que busquemos inversiones público-privadas”, explicó
“El Estado tiene que intervenir y poner reglas claras”, afirmó.
Los intendentes y la coparticipación
En tanto, sobre el encuentro con los intendentes para discutir la coparticipación dijo “La conversación entre el Gobierno de Mendoza y los intendentes ha sido muy positiva y dinámica, destacando la importancia de los aportes entre distintas fuerzas políticas para eficientizar el reparto de recursos”, dijo.
“Siguiendo la lógica que hemos tenido este año de buscar consensos, salirnos de la grieta. Quedarse en la grieta es lo más cómodo. Buscamos una discusión pública de calidad y que agregue valor a la provincia y a los mendocinos”, señaló Mema.
Tras minimizar la ausencia de algunos intendentes, especialmente del oficialismo como San Martín o Junín afirmó “fue súper interesante y sobre todo para mirar para adelante. La situación fiscal en general de los departamentos, de los municipios en nuestra provincia es bastante buena. De hecho, tienen buena cantidad de presupuesto dedicado a obras. Nosotros tomamos notas de la participación de los intendentes que fueron todos aportes”, afirmó.
Agrega el funcionario “la realidad es que hoy los municipios están saneados y están dedicando en un promedio el doble o el triple que la provincia de sus recursos a obra pública siendo que la provincia está destinando cuatro veces más que en el 2015”, indicó.
La decisión final que tomará el consorcio conformado por YPF, Pan American Energy (PAE), Vista Energy y Pampa Energía -y al que se sumarán las multinacionales Chevron y Shell durante los primeros meses del 2025- se comunicará la semana que viene, aunque fue anticipada por el portal EconoJournal.
El oleoducto es uno de los 6 proyectos que pidió su ingreso al Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) para obtener ventajas en materia de impuestos, importaciones y acceso al dólar. Estará terminado parcialmente en el segundo semestre de 2026 y desde 2028 facilitará exportaciones por unos 25.000 millones de dólares al año.
La guerra de Techint, Sacde y una firma de EE.UU.
Según fuentes cercanas a YPF «ganó la oferta más competitiva» y aunque no quisieron confirmar quién es la constructora ganadora, dejaron entrever que es la Unión Transitoria de Empresas (UTE) entre Techint Ingeniería y Construcción con Sacde, que ya construyó el ex Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK).
Sin embargo, hay actores del mercado que sostienen que la constructora estadounidense Pumpco, del grupo Mastec (propiedad de los hermanos Jorge y José Mas, que son los dueños del Inter Miami, el club de la Major League Soccer donde juega Lionel Messi), habría presentado una oferta más barata que fue descartada. La diferencia habría sido en torno al 10%; y en las cercanías de la torre de Puerto Madero recalcan que fue más barata la de Techint y Sacde.
Fuentes cercanas a la firma norteamericana, que resaltan su cercanía al electo presidente Donald Trump, expresaron durante toda esta semana su malestar por la manera en que se manejó el proceso y advirtieron que no es la primera vez que se los deja afuera. Pumpco ya había querido participar de la construcción del Gasoducto Norte, una obra pública que ganaron en distintos tramos Techint – Sacde y BTU.
La presentación de las ofertas para la construcción fue el 13 de agosto y estaba prevista su adjudicación para principios de octubre. Sin embargo, el proceso se fue demorando y se le dieron oportunidades a los competidores de bajar sus precios.
Cerca de la Florida, Estados Unidos, lamentan: «Parece que Argentina no es un destino amistoso para empresas como Pumpco«. Una persona cercana a esa compañía, incluso, disparó contra los gigantes argentinos: «La casta empresaria no quiere firmas americanas que los hagan competir en calidad y precio».
Cada día que no empieza el oleoducto la industria petrolera argentina se pierde ventas al exterior por unos 40 millones de dólares, según los cálculos del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín.
La licitación se estructuró en dos renglones: uno de casi 120 kilómetros (km) entre Allen y Chelforó, y otro de aproximadamente 320 km hasta Punta Colorada, todo en la provincia de Río Negro. El primero originalmente se iba a adjudicar a constructoras pequeñas o medianas como Contreras Hermanos, Víctor Contreras o BTU, mientras que el segundo iba a ser para pesos pesados como Techint – Sacde o Pumpco.
Pero la unión entre Rocca y Mindlin los llevó a quedarse con toda la obra, algo que se oficializará la semana próxima. El costo total del VMOS está presupuestado en 2.528 millones de dólares, de los cuales el ducto junto a las estaciones de bombeo costaría US$ 1.338 millones y las terminales marítimas -para que carguen barcos súper petroleros (Very Large Crude Carriers, VLCC) unos 2 millones de barriles por día- otros US$ 1.190 millones.
Los precios al adjudicar la licitación podrían ser más baratos. Una fuente que conoce el proceso señaló que el primer renglón -el más corto- tuvo un costo cercano a los 35 dólares por pulgada (el caño es de 30 pulgadas) por metro, o unos US$ 125 millones en total.
Tenaris -también de Techint-, en tanto será el proveedor de más de 35.000 caños que se instalarán en la traza, en un contrato por US$ 180 millones, y los producirá en la fábrica de Valentín Alsina, en la provincia de Buenos Aires. Allí compitió contra empresas de India, que habrían ofertado un 10% menos pero sin integración local de trabajo y proveedores.
Fuente: Ámbito – Los grandes protagonistas del mercado inmobiliario fueron los créditos hipotecarios, el blanqueo y la derogación de la ley de alquileres. Qué pasará en 2025.
El 2024 significó un verdadero cambio en el mercado inmobiliario. Tras años de estancamiento, comenzó de a poco una reactivación impulsada por el desembarco de los créditos hipotecarios, el blanqueo de capitales y el sinceramente en el precio de los inmuebles.
Pero también hubo algunas dificultades, que trabaron decisiones o arranque de proyectos, ya que el costo de la construcción en dólares se disparó y eso marcó al sector. El costo de construcción medido en dólares subió 42,1% en 2024, factor que impulsó el incremento en los precios de unidades en pozo y a estrenar.
Para poder establecer un balance de este año y entender lo que viene de cara al 2025, tres expertos del sector dan en esta nota su visión sobre el mercado: Jorge De Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos porteño, Damián Tabakman, Presidente de la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU) e Iván Ginevra, presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA).
El 2024, un año marcado por la vuelta del crédito hipotecario
Los grandes protagonistas del año fueron los créditos hipotecarios. Si bien todavía no son un boom, sí se evidencia un fuerte interés sobre ellos. Son 23 los bancos en el país que ofrecen sus líneas de crédito. Obviamente, para los tomadores de préstamos muchas veces es un desafío lograr los requisitos necesarios para acceder a un crédito, ya sea por lo que hay que ganar o por el ahorro con el que se debe contar previamente. En algunos casos, incluso, ya es posible sumar el ingreso de más de una persona del grupo familiar para poder tomar un crédito.
Las tasas de los créditos hipotecarios lanzados oscilan entre el 3% y el 9,5%. Los montos a prestar llegan hasta los $250 millones, aunque en algunos casos no hay tope. En general, estos créditos financian entre el 75% y el 80% del valor de la propiedad.
“Este año vimos un incremento en la participación con crédito hipotecario, aunque todavía no llegó a los niveles de 2017/2018 con el gobierno de Mauricio Macri”, señaló Ginevra. “Argentina tiene un potencial enorme. En otros países de la región, la participación de créditos sobre el PBI ronda el 15 o 20% y acá debe estar en el 2%. Esto significa que, si nos acomodamos, esto se puede multiplicar por 10”, aseguró Ginevra.
La confianza está puesta en que las transacciones con hipoteca crecerán. Y así se refleja en las escrituras. “Lo que estamos viendo es un salto porcentual importante. Los datos de octubre arrojaron cerca de 1.000 créditos otorgados, en septiembre fueron 700, en agosto más de 400 y en julio 200. Desde 2018, tras el salto cambiario que hizo replegar el crédito, no había más de 150 por mes”, explicó Jorge De Bártolo, presidente del Colegio de Escribanos porteño. “Aspiramos a que haya tranquilidad cambiaria, lo que se está viendo. Hay que pensar que un salto de $100 en el dólar, para una operación de u$s100.000, son $10 millones extras”, agregó.
En el mejor momento de los créditos, años atrás cuando regían los UVA, se hacían alrededor de 2.400 operaciones mensuales con hipoteca. Si bien todavía no se alcanzó esos números, se espera que el mercado actual supere esa realidad.
Por su parte, Damian Tabakman hizo hincapié en el reciente anuncio de las hipotecas divisibles como futuro dinamizador del mercado de proyectos en pozo. “Los créditos hipotecarios impactaron directamente sobre la compra-venta de usados. En emprendimientos, el gobierno acaba de anunciar la implementación de las hipotecas divisibles que podrían habilitar el financiamiento a largo plazo desde el pozo. Con lo cual, esto debería empezar a funcionar y probablemente en los próximos meses veamos el impacto en nuestro sector. Nos gustan los avances del gobierno en este sentido”, explicó Tabakman.
Elaboración propia con datos del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires.
Ámbito
El impacto del blanqueo en el mercado inmobiliario
En la primera etapa del blanqueo, se sinceraron u$s 22.085 millones. Esto llevó a un fuerte aumento en las consultas para la compra de inmuebles aunque resta ver su impacto en el mercado. «El blanqueo fue beneficioso, pero es un golpe de corto plazo”, señaló Ginevra. “Se han hecho operaciones, pero no es algo que vaya a salvar al mercado inmobiliario para los próximos años”, agregó.
Los inmuebles más demandados para quienes ingresaron al blanqueo son los de tipologías más chicas, de uno o dos ambientes, que rondan los u$s 100.000.
“Respecto del blanqueo, tenemos muchas expectativas porque la gente depositó el dinero en los bancos y ahora dispone de un plazo bastante más holgado para hacer inversiones inmobiliarias”, dijo Tabakman.
Por su parte, De Bártolo señaló que ahora resta esperar por el verdadero resultado de la medida. “El impacto del blanqueo lo vamos a ver en unos días de una manera más clara, ya que la alternativa de «retirar» el dinero sin costo, además de las inversiones financieras propuestas (Bonos, Obligaciones Negociables, etc) está invertir en proyectos inmobiliarios que aún no se puedan escriturar”, resaltó.
Sube el precio de las propiedades
Este año se caracterizó por un despegue en el precio de las propiedades. En promedio el precio de los inmuebles subió un 0,03% en noviembre y acumula un incremento del 6,6% en 2024.
De acuerdo a datos de Zonaprop, un monoambiente de 40 m2 tiene un precio medio de u$s 102.418, mientras que un departamento de dos ambientes se ubica en u$s 122.898 y uno de tres ambientes en u$s 169.057.
Depositphotos
Fuerte impacto en el mercado por la derogación de la ley de alquileres
La derogación de la ley de alquileres en diciembre del año pasado reconfiguró el mercado. Gran parte de los inmuebles que hasta ese momento estaban en venta migraron nuevamente al alquiler tradicional, ya que para los dueños volvió a ser rentable. Si bien los inquilinos sufren los aumentos, y muchos destinan más de la mitad de su sueldo para poder pagar el alquiler, se evidencia una desaceleración en los precios con relación al año anterior.
“Con la ley de alquileres se establecía la forma de ajuste, de moneda y entonces los propietarios no querían y no había mercado. Los precios se fueron por las nubes y, en diciembre pasado, cuando se derogó la ley, el mercado se acomodó solo, bajaron los precios y aumentó la oferta. Pasamos de un extremo al otro y la mejora se vio muy clara”, resaltó Ginevra.
Según datos del Colegio Inmobiliario, desde la entrada en vigencia del DNU 70/2023 la oferta de alquileres se incrementó 189,77%. Los barrios de CABA con mayor oferta son Palermo, Belgrano, Recoleta, Barrio Norte, Caballito y Puerto Madero.
Nuevos emprendimientos ganan interés en CABA
Grandes proyectos desembarcarán los próximos años y esto genera fuertes expectativas, ya que implica un crecimiento importante para la Ciudad de Buenos Aires.
“Tenemos la ex Ciudad Deportiva de Boca, que se está empezando a desarrollar. Ahí va a haber mucho movimiento a futuro. También el Parque de la Innovación, donde están empezando ya algunos proyectos. Como está toda la tierra vendida a distintos desarrolladores, seguramente va a haber muchas oportunidades de emprendimientos nuevos”, resaltó Tabkaman. “Además, con la aprobación del código urbanístico nuevo habrá incentivos fuertes para zona sur, pero todavía está en tratamiento legislativo, con lo cual por ahora es una expectativa”, agregó
Expectativas para el próximo año en el sector inmobiliario
De cara al año que viene, Ginevra dijo que “los créditos van a tener un protagonismo muy importante, porque ya están creciendo mes a mes y la cantidad de escrituras ya se acerca a los niveles de la época de Macri”.
De igual manera, opino De Bártolo: “Tenemos buenas expectativas. Ojalá empecemos por quinto año consecutivo un calendario que sea mejor que el anterior. Si miramos el medio vaso vacío, seremos conscientes que estos años de recuperación fueron porque las comparaciones eran de tiempos de pandemia, de poder adquisitivo complejo y de regenerar algunas condiciones más. Ahora, pensaremos en el “medio vaso lleno”: si cerramos el 2024 con 50 mil operaciones, tenemos que proyectar que no es imposible un escenario 2025 con 60 mil. Sobre todo si está el crédito, que es el factor que crea mercado».
Por su parte, Tabakman sostuvo que los desarrolladores son optimistas para el 2025. “Creemos que la baja de la inflación y la normalización macroeconómica de la Argentina deberían derramar muchísimo en el sector construcción. Está muy caro construir, pero esperamos que el reacomodamiento de variables y algunos insumos de la construcción que puedan importarse de Oriente, por ejemplo, ayuden a que los costos vayan acomodándose. Por supuesto, de la mano del financiamiento institucional y bancario, mercado de capitales y bancos, etcétera, creemos que los precios van a ir subiendo y van a permitir que se reacomode la rentabilidad de nuestra industria”, finalizó el especialista.
Fuente: ámbito – El nuevo mecanismo dará la posibilidad de que los proyectos inmobiliarios se hipotequen por unidad funcional, en lugar de esperar a la finalización de un proyecto completo.
El Gobierno disolvió el fondo fiduciario que sustentaba el programa Procrear e implementó las hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo, más conocidos como construcciones «en pozo». ¿Qué implican estas medidas y cómo se espera que impacten en el mercado inmobiliario?
El Procrear, creado en 2012 bajo la gestión de Cristina Fernández Kirchner, ofrecía líneas de crédito subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda. Ahora se disolvió el fondo fiduciario que lo sustentaba, pero las obras en ejecución se liquidarán a favor de terceros para finalizarlas y que luego se puedan adquirir pero a través de un crédito.
Además, aquellos beneficiarios del programa Procrear que aún tienen deudas, seguirán pagando el crédito pero a través del Banco Hipotecario, “bajo las mismas condiciones de retribución que las establecidas en el Contrato de Fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012 para dichas gestiones”.
¿Qué es una hipoteca divisible?
Las hipotecas divisibles dan la posibilidad de que los proyectos inmobiliarios en pozo en manos de los desarrolladores se hipotequen por unidad funcional, en lugar del edificio completo o un lote entero como ocurría hasta el momento. Esto impedía que las unidades se vendan a través de un crédito debido a que no se podían escriturar. Ahora esa posibilidad estará también abierta a los pequeños inversores.
«Esto significa que las constructoras van a poder pagar su préstamo de a poco, y a medida que lo hagan, se van a ir liberando departamentos para escriturar. También los compradores van a acceder a créditos hipotecarios para adquirir cualquier unidad funcional en pozo», explicó a Ámbito, la ex presidenta de la Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Marta Liotto.
Hasta el momento, ocurría que si la constructora había pedido un préstamo para desarrollar el proyecto tenía que pagarlo entero para poder escriturar la propiedad a nombre del comprador y, según Liotto, esto «desalentaba las ventas».
La hipoteca divisible: expectativas de los desarrolladores
Desde el mercado inmobiliario esperan que se «aceleren» los desarrollos gracias a la división de hipotecas. Además, afirman que es una desregulación que esperan «hace años» y los posiciona como un «mercado delprimer mundo».
«Es algo que desde el sector inmobiliario conjuntamente con los desarrolladores y las empresas constructoras estamos solicitando desde hace bastante. Lo venimos pidiendo desde la administración de Mauricio Macri cuando lanzaron los créditos hipotecarios y no fue viable en ese momento. Esta iniciativa va a acelerar los desarrollos y el acceso a la vivienda», señaló Liotto.
Por su parte, Ezequiel Wierzba, de WGW Desarrollos, mencionó que esta medida «facilitará la venta» y el «financiamiento» de las unidades funcionales en los proyectos en pozo. Esto ayudaría a «dinamizar» el mercado inmobiliario y daría «mayor flexibilidad» tanto a desarrolladores como a compradores, a la vez que podría ampliar la oferta.
«Celebramos esta gran noticia para nuestro sector, que venimos esperando hace muchos años, y que nos posiciona como un mercado de primer mundo», festejó el desarrollador Alan Mohadeb, socio de CEK GROUP.
En ese sentido, Mohadeb destacó que las hipotecas divisibles son «fundamentales para el acceso a la vivienda, para el desarrollo de la inversión privada y para impulsar la reactivación económica y productiva». Y sumó que, se observa «mucho interés» en las operaciones producto del blanqueo.
El valor del metro cuadrado (m2) en pozo actualmente se encuentra en una fuerte tendencia alcista tras la desregulación de los alquileres y se ubica cercano al precio de un departamento a estrenar, entre u$s2.741 y u$s2.745, respectivamente, según el relevamiento de Zonaprop. Por otro lado, el m2 de los usados se encuentra muy por debajo en u$s2.138.
«Con esta medida, el Gobierno apunta a que el mercado de propiedades en pozo sea aún más activo y esto no solo podría aumentar la demanda, sino que también es probable que presione los precios al alza, especialmente si más compradores pueden aprovechar las hipotecas divisibles para asegurar unidades en proyectos nuevos», analizó Wierzba.
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