Categoría: Obra Pública

Fuente: Ámbito – El ministro Guillermo Francos informó que se avanzará con la finalización de obra pública estratégica, mientras acuerda con gobernadores su apoyo para aprobar la Ley Bases.

Tal como había adelantado en la semana, donde habló de «obras imprescindibles», el ministro del Interior Guillermo Francos anunció que se reiniciará la obra pública en distintas provincias del país, aunque serán exclusivamente aquellas que ya estaban en ejecución. La noticia se da a conocer en medio del debate por la aprobación de la nueva Ley Bases.

“Todos los gobiernos provinciales lo plantean. El tema de las obras de infraestructura es importante. Pese a que se ha gastado mucho dinero, Argentina tiene una infraestructura que es lamentable”, aseguró el funcionario en una entrevista radial y manifestó que “va a haber alguna cantidad de obras” en las que pueden “ir avanzando este año”.

Asimismo, precisó: “Nosotros vamos con una lista de las más de 5.000 obras públicas en el país, algunas chicas otras grandes, algunas en ejecución, hemos hecho una clasificación para determinar, dentro de las limitaciones que ya expuso el Presidente, ir retomando a las obras que les falta muy poco».

Para finalizar, apuntó que «a esta altura de los acontecimientos de la Argentina, lo que hay que mirar es la cantidad de plata que tienen los bancos”. “Los bancos tienen una cantidad de fondos disponibles para prestar y ahora que está bajando la tasa, y que el Estado no les toma más plata, va a haber una montaña de dinero disponible que los bancos se van a ver necesitados de colocar”, advirtió, aunque subrayó que “ese va a ser el gran motor del crecimiento de la Argentina”.

Reuniones de Guillermo Francos para garantizar la Ley Bases

En línea con las reuniones que viene manteniendo Guillermo Francos ante el inminente tratado de la nueva Ley Bases en el Congreso, el ministro del Interior se encontró en Misiones con el gobernador Hugo Passalacqua, y también con el máximo referente del oficialismo provincial, Carlos Rovira.

El ministro estuvo acompañado por el subsecretario de Gestión de la Nación, Eduardo «Lule» Menem, y el secretario de Provincias y Municipios, Javier Milano.

«Nos reunimos para abordar la agenda de proyectos que se tratarán en el Congreso próximamente y plantear diversas necesidades del pueblo misionero. Gracias por visitar nuestra provincia y construir a través del diálogo y el respeto», escribió en la red social X Passalacqua.

Previamente, en un conjunto de reuniones que incluyeron distintos bloques de la Cámara de Diputados, el propio Francos participó del encuentro de la Región Centro con los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Martín Llaryora (Córdoba).

Guillermo Francos con los gobernadores de Entre Ríos, Córdoba y Santa Fe.

Ignacio Torres: «Si no hay Ley Bases es difícil llegar al Pacto de Mayo»

Ignacio Torres, gobernador de la provincia de Chubut, aseguró este sábado que va a ser »difícil llegar al Pacto de Mayo», en el caso de que el Gobierno no logre la aprobación de la nueva Ley Bases y el paquete fiscal en el Congreso.

«Se está poniendo una sobreexpectativa sobre el Pacto de Mayo, que en realidad es simbólico, cuando lo importante es la Ley de Bases, que le da herramientas al gobierno para avanzar en algunas cuestiones que considera como prioridades», mencionó Torres en Radio Con Vos.

Asimismo, el mandatario provincial manifestó: «Si no hay Ley Bases es difícil llegar al 25. Que se apruebe la norma no quiere decir que al otro día la Argentina va a cambiar radicalmente y va a haber bonanza económica».

Fuente: Ámbito – Uno de los objetivos de la nueva normativa es que la ciudadanía en general pueda conocer las normas que regulan las contrataciones públicas.

El Gobierno aprobó este martes, a través del Boletín Oficial, bajo la Disposición 15/2024, un Compendio Normativo que aglutina la normativa actualmente vigente sobre el Régimen de Contratación de la Obra Pública en la Administración Pública Nacional.

Según el texto oficial, los objetivos de la normativa son claros y presenta beneficios palpables, puesto que marca un avance crucial en la transparencia y eficiencia de las contrataciones públicas, «sirviendo como una herramienta fundamental para diversos actores involucrados en este proceso».

Objetivos del Compendio Normativo

El Compendio Normativo se erige con tres objetivos fundamentales.

• En primer lugar, busca difundir la normativa de diferente jerarquía que rige las contrataciones públicas de obra pública, brindando una visión integral y detallada a los interesados.
• En segundo lugar, aspira a facilitar la gestión de las contrataciones tanto para los organismos públicos como para los privados, simplificando los procedimientos y optimizando los recursos involucrados.
• Por último, se propone promover el conocimiento de la ciudadanía en general acerca de las normas que regulan las contrataciones públicas, fomentando una participación informada y activa de la sociedad en estos procesos.

Beneficios del Compendio Normativo

Este compendio presenta una serie de beneficios clave que, según lo publicado en el Boletín Oficial, impactarán positivamente en el ámbito de las contrataciones públicas.

• En primer lugar, centraliza la información normativa dispersa en un único cuerpo, proporcionando un recurso accesible y completo para todos los actores involucrados. Asimismo, simplifica el acceso a la normativa para los interesados, reduciendo la burocracia y agilizando los trámites. La transparencia en las contrataciones públicas se ve fortalecida, ya que el compendio consolida las reglas del juego en un formato comprensible y accesible.
• Además, se espera que este instrumento promueva la eficiencia en la gestión de las contrataciones, optimizando los tiempos y recursos empleados en cada proceso.

Destinatarios del Compendio Normativo

El alcance del Compendio Normativo abarca a organismos públicos, nacionales, provinciales y municipales que participan en contrataciones de obra pública.

Además, se dirige a empresas contratistas que se desenvuelven en este ámbito, proporcionándoles una herramienta esencial para comprender y cumplir con las normativas vigentes. Profesionales y consultores encontrarán en este compendio una guía actualizada y completa para su labor.

Finalmente, la ciudadanía en general se beneficiará al conocer de manera clara y accesible las normas que regulan las contrataciones públicas, fomentando así la participación informada y activa de la sociedad en estos procesos cruciales para el desarrollo del país, consigna el texto oficial.

Fuente: Infobae – Empresarios de la construcción se reunieron con Luis Caputo para conocer cuál será el presupuesto para el sector. Estiman que hubo hasta 60 mil despidos por el freno en la actividad de los últimos meses.

El Gobierno les anticipó a un grupo de empresarios de la construcción que el plan de fuerte ajuste del déficit fiscal solo dejará margen para que continúen en funcionamiento los proyectos de obra pública que tengan al menos un 80% de avance que según fuentes privadas representaría apenas el 5% del total. En el sector aseguran que la actividad está prácticamente parada en su totalidad en todo el país y que por esa situación ya se registraron despidos por entre 50 y 60 mil empleados.

El ministro de Economía Luis Caputo se reunió el jueves pasado con empresarios de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), días después de la salida de Guillermo Ferraro del Ministerio de Infraestructura y quien tuvo a su cargo la política de obras de infraestructura durante los primeros 45 días de gobierno libertario. El desarme de Infraestructura favoreció a Caputo, que pasó a ser el interlocutor central con el sector privado ligado a la construcción. Se espera que las secretarías de Obras Públicas, Vivienda y Transporte pasen a estar bajo el ala de Economía.

Los empresarios se llevaron como conclusión central que la prioridad para el equipo económico no será el financiamiento de la obras de infraestructura sino no alejarse ni poner en peligro la meta de déficit cero en las cuentas públicas este año. Eso tendrá como una de sus víctimas al fondeo desde el Estado a las empresas contratistas. En un primer vistazo al plan Caputo, este ítem del gasto debería explicar un 0,7% del PBI -de los 5 puntos en total que busca la Casa Rosada- pero la caída de la ley ómnibus podría cerrar aún más la canilla presupuestaria para ese sector.

Entre las empresas del sector aseguran que la actividad “está prácticamente parada en todo el país”, según afirmó ante Infobae un ejecutivo que integra la cámara. La entidad declaró hace dos semanas el estado de emergencia para la obra pública y advirtió que tendría una repercusión inminente sobre la viabilidad de empresas y sobre la continuidad de puestos de trabajo. Otro empresario con una silla en el directorio de la cámara aseguró que en los últimos “dos o tres meses hubo despidos en el orden de entre 50 mil y 60 mil personas”.

Los empresarios se llevaron como conclusión central que la prioridad para el equipo económico no será el financiamiento de la obras de infraestructura sino no alejarse ni poner en peligro la meta de déficit cero

Los datos oficiales tienen rezago y todavía no reflejan esa realidad laboral. El Indec llega hasta noviembre y muestra que unos 460.309 empleados integraban la nómina total del sector, unos 12 mil menos que tres meses antes. En las empresas, de todas formas, aseguran que el impacto más notorio en términos de puestos de trabajo se notó a partir del 10 de enero, cuando todos los años suelen retomar la actividad en las obras luego de que los trabajadores regresen a las locaciones de las obras tras el receso por las Fiestas de fin de año.

Los empresarios del sector constructor alertan que la actividad está «prácticamente parada en todo el país»

Las expectativas de los empresarios del sector empeoraron con notoriedad tras el cambio de gobierno. La última encuesta a ejecutivos de la construcción que acompaña al informe de actividad que realiza de manera mensual el Indec exhibió que el 77% de los empresarios consultados cree que en los próximos tres meses el ritmo de trabajo en los proyectos de obra pública disminuirá. Dos meses atrás esa proporción era de 44 por ciento.

Con todo, durante la reunión con Caputo los empresarios del sector plantearon al ministro que además del financiamiento de la continuidad de los proyectos, la cámara busca que el Palacio de Hacienda habilite pagos de certificados de obra impagos, una deuda que fuentes privadas estiman en los $350.000 millones. No es un monto, admiten, muy por encima de un promedio histórico, pero en las oficinas de Camarco temen que la dureza del ajuste fiscal haga que esos pasivos sean difíciles de cobrar.

El ministro de Economía prometió que antes de dar luz verde a esos pagos, buscará terminar una auditoría presupuestaria que ordenó la nueva gestión de gobierno para pasar en limpio el monto definitivo de deuda que acumula el fisco. Un punto central de la reunión tuvo que ver con la discusión que versa sobre qué obras ya con algún grado de ejecución podrán contar con fondeo público y cuáles no.

Los empresarios consultados por Infobae coincidieron en que el mensaje que bajó desde el Poder Ejecutivo fue que las obras que podrían contar con algún tipo de financiamiento presupuestario serán aquellas que tengan un nivel de avance de 80% o mayor. Fuentes privadas estiman que se trataría de apenas el 5% de las obras iniciadas. Las restricciones fiscales determinarán si finalmente Economía concede o no ese fondeo a las contratistas.

Otro tema que preocupa a los referentes constructores es que el Gobierno podría redireccionar financiamiento que proviene de organismos internacionales y que tenían como objeto proyectos de infraestructura hacia el refuerzo de programas de asistencia social, una medida que fue anticipada por Infobae y que quedó cristalizada como parte de las conversaciones que sostuvieron los funcionarios con el staff del Fondo Monetario Internacional.

Caputo absorbería la Secretaría de Obras Públicas que pertenecía al ministerio de Guillermo Ferraro

El Gobierno buscaría fuentes de financiamiento alternativas para el gasto y espera poder “rebalancear” el ritmo y destinos que tienen los desembolsos de organismos y bancos regionales para darle prioridad al gasto social (básicamente la Asignación Universal por Hijo y la Tarjeta Alimentar) en un contexto de muy alta inflación y caída de la actividad. La priorización de las erogaciones de programas sociales pondría en un segundo plano a la obra pública.

El mensaje que bajó desde el Poder Ejecutivo fue que las obras que podrían contar con algún tipo de financiamiento presupuestario serán aquellas que tengan un nivel de avance de 80% o mayor

“Las autoridades han recibido garantías de los bancos multilaterales de desarrollo (Banco Mundial y BID) y de los bancos de desarrollo regionales, que también están considerando cambiar su cartera hacia préstamos para proyectos de rápido desembolso con el fin de financiar una mayor asistencia social”, ratificó el FMI en su informe.

La construcción es, posiblemente, el sector que peores perspectivas tenga para el 2024 según proyecciones privadas. “Esperamos que la tendencia a la baja en el sector de la construcción, que se intensificó durante el último mes del año pasado, persista. La suspensión de la obra pública y la incertidumbre están teniendo un impacto directo en esta actividad. No obstante, es probable que esta disminución sea menos pronunciada en el próximo mes, dado que muchas de sus repercusiones ya se manifestaron durante diciembre”, estimó LCG.

En tanto para Abeceb, el “freno de obra pública sin financiamiento privado / internacional, la incertidumbre por la continuidad de obras de baja rentabilidad y el encarecimiento de costos ante salto en el tipo de cambio”, debilitarán el ritmo de un sector decisivo en términos de empleo.

Camarco, en el comunicado en que declaró el estado de emergencia del sector, planteó que “el sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones” e instó a que el gobierno nacional y los provinciales tomen medidas para “mitigar transitoriamente la situación de crisis extrema por la que atraviesa el sector. Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”.

Fuente: TN – Según pudo saber TN, se prepara un plan para que constructoras finalicen iniciativas en ejecución. Una vez terminadas, el Estado y el desarrollador se dividirán las casas. Qué podría hacer la Casa Rosada con esas propiedades.

El Gobierno de Javier Milei heredó de la gestión de Alberto Fernández un tendal de 96 mil obras de viviendas que no se terminaron y que en algunos casos presentan un nivel de avance menor al 5%.

El número, según pudo saber TN, se compone de 17.000 casas que no se finalizaron del programa Procrear; otras 16.000 de la iniciativa Casa Propia y el resto se divide entre las viviendas que quedaron inconclusas de los programas Reconstruir; Casa Activa-Casa Propia y soluciones habitacionales, que son refacciones o tareas menores que la nueva gestión dice se contabilizaban como “obra nueva” cuando en realidad no lo son.

Como sea, para terminar este tendal de obras inconclusas, la Secretaría de Vivienda y Hábitat contará para 2024 con un presupuesto de U$S374 millones, dinero que este medio pudo saber no alcanzará para culminar los proyectos inconclusos. Es en este contexto que ya se trabaja en un posible esquema de iniciativa privada para el área de vivienda.

Es por eso que el Gobierno tomó la determinación de terminar con presupuesto propio las obras de vivienda que actualmente tengan un avance físico del 80% o más -aunque también creen que podrían culminar iniciativas que ronden el 60 por ciento- y ofrecerá a constructoras y desarrolladores el resto de los proyectos.

El Gobierno terminará las viviendas que estén al 80%: el plan para que privados culminen 60 mil proyectos

A cambio de finalizar estas obras, el Gobierno le ofrecerá al privado quedarse con una determinada cantidad de esas viviendaspara que luego las comercialice, recupere la inversión y tenga una ganancia. La cantidad de casas a entregar a la constructora dependerá del grado de avance que tenga el proyecto.

El Estado luego definirá el futuro de esas viviendas. La actual administración no descarta que esas casas se pongan a la venta a través del Banco Hipotecario o la propia Administración de Bienes del Estado a un valor establecido por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Este punto está en plena etapa de definición. “Muchas de las viviendas antes se usaban para asignar a dedo a sus dueños, y esta gestión quiere generar soluciones habitaciones no solo para los sectores más postergados sino también para la clase media”, dicen.

El Gobierno evalúa ofrecerle a municipios que terminen proyectos de viviendas inconclusos

En este sentido, otra de las opciones que se barajan es la de llegar a acuerdos con los municipios para que sean estos los que finalicen con fondos propios las viviendas en cuestión. Un ejemplo de esto es el programa Casa Activa-Casa Propia de Hurlingham, una iniciativa que contempla 32 viviendas para jubilados que está en un 40% de avance físico y que podría ser culminada por la gestión municipal. Claro está, la propuesta podría enfrentar la negativa de los jefes comunales que tengan presupuestos ajustados.

Por estos días el Gobierno está en plena revisión de la herencia recibida en obras de viviendas. A modo de ejemplo, el programa Reconstruir que Alberto Fernández anunció con Cristina Kirchner en 2021 contemplaba la finalización de 55 mil viviendas que supuestamente Mauricio Macri había dejado abandonadas. Del total, en los últimos cuatro años solo se culminaron cerca de 7000 y en ejecución solo hay 10 mil. Es decir que hay un universo de 38 mil viviendas sobre las que no se colocó ni un ladrillo nuevo en estos años.

También se está analizando la entrega de créditos de hasta $5 millones en el programa Procrear, que debían destinarse a refacciones o arreglos edilicios y que en buena medida fue a parar al pago de tarjetas de créditos u otros destinos.