Categoría: Obra Pública

Fuente: La Nación – El Gobierno eliminará un artículo de la ley de obras públicas para permitir que puedan presentarse a licitaciones empresas que no son del sector; hasta ahora solo pueden hacerlo las grandes constructoras, que ahora enfrentarían una mayor competencia.

El presidente Javier Milei y su brazo desregulador, el ministro de Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, se aprestan para pegarle un duro golpe a lo que la historia llamó el “club de la obra pública”. Justo el año en el que una enorme mayoría de los integrantes de ese universo de constructores se sentará en el banquillo de los acusados en el juicio de los cuadernos de las coimas, el Gobierno romperá el ingreso al club.

Se trata de un simple artículo, que finalmente hace las veces de requisito de entrada. De acuerdo con lo que confiaron fuentes oficiales, se va a quitar del derecho positivo el artículo 13° de la ley de obra pública, un pequeño tramo de la la ley 13.064 creada en octubre de 1947. “Créase el Registro Nacional de Constructores de Obras Públicas, a los efectos de la calificación y capacitación de las empresas, el que se regirá por el reglamento que deberá dictar el Poder Ejecutivo”, dice el artículo que Sturzenegger volará de un plumazo.

Parece una cosa menor, pero, en realidad, funciona como una suerte de bolilla negra para presentarse en una licitación. Quienes no están en el registro, no pueden construir para el Estado. La administración de Milei ya decidió que ese requisito de inscripción será pasado y que apenas valdrá con una declaración jurada. “Quien se presente y diga que lo puede construir, podrá hacerlo sin problemas. Luego deberá atenerse a las consecuencias en el supuesto caso de que no pueda con la obra. O que haya mentido en las declaraciones, pero será una cuestión de las inspecciones.

Actualmente, el Registro tiene una particularidad: otorga el certificado de capacidad de construcción. Y ese certificado entrega más posibilidades a las empresas que ya construyeron o construyen. Es decir, en los hechos, dicen en el Gobierno, obtura la entrada de nuevos jugadores y no incentiva la competencia. El asunto, explican, es que muchas veces las empresas saben que nadie tiene la capacidad para el total de una obra, entonces no tienen incentivo a bajar el precio porque saben y conocen que el proyecto se repartirá y que igual tendrán su porción, no importa el precio.

De acuerdo a la legislación vigente, en el Registro “podrán inscribirse las personas físicas (que desarrollen la actividad y posean matrícula de comerciante), como así también las personas jurídicas del tipo sociedad anónima, sociedad de responsabilidad limitada, cooperativa, personería jurídica extranjera con sucursal en el país u otras formas societarias en cuyo objeto social sean constructoras”, sean personas físicas como persona jurídicas que desarrollen la actividad.

Ese es el primer gran cambio. Sturzenegger se pregunta por qué no podría una empresa de otra actividad presentarse a construir una ruta en un lugar que necesite infraestructura para su planta. “En su caso podrá contratar una constructora que haga la obra”, dice el ministro. Es decir, en las futuras licitaciones podría haber empresas que no pertenezcan al histórico club de la obra pública.

La segunda consecuencia concreta es que podrán presentarse empresas extranjeras. Eso, al menos pretende el Gobierno.

Como se dijo, el gran punto que torna importante a ese Registro, al menos hasta ahora, es la entrega de ese certificado de capacidad de construir. “No favorece para nada la competencia. Más bien todo lo contrario, lo que hace es fomentar la cartelización ya que mientras más construyó una empresa más capacidad tiene y más obras podrá tener en el futuro”, dicen en el ministerio.

La reglamentación de este requisito dice actualmente: “Se deberán declarar todas las obras realizadas en los periodos de los estados contables declarados, incluyendo los compromisos actuales de obras preadjudicadas, adjudicadas y/o en ejecución, informando el avance de las mismas”.

Así las cosas, los constructores históricos siempre estuvieron en mejor posición para la próxima licitación por lo que habían hecho antes. Casi un coto de caza. Un tema no menos importante: para ser proveedor de obra pública, el Estado nunca les reclamó nada parecido a un esquema de “ficha limpia”, es decir, antecedentes.

Actualmente, gran cantidad de los que están primeros en el podio son imputados en la causa Cuadernos por haber pagado coimas a funcionarios, justamente, para adjudicarles las obras. La Argentina, donde no hay condena social ni económica por haberse corrompido, los dejó seguir concursando sin ningún problema.

La caída del Registro se suma a otra medida que el Gobierno tomó en estos días y que también impactó a los constructores. A horas de terminar el año, la obra pública argentina vio como se esfumaba la última esperanzas de fondos. El Tesoro le pidió a la Secretaría de Obras Públicas que devuelva un billón de pesos que estaban en el presupuesto y que habían sido recaudados específicamente para ser derivados a proyectos de infraestructura. Era un hecho que elPresidenteno destinaría una moneda de más a uno de los nudos de gasto público que siempre denostó. Ahora bien, también decidió que tampoco termine ahí lo que cada contribuyente puso de su bolsillo cuando pagó, durante el último año, el impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS).

La cuestión es simple. Hace ya cuatro años, cuando el tributo apareció, en el amanecer del gobierno de Alberto Fernández, se aprobó con una cláusula de distribución. Originalmente, esa norma estableció que la recaudación de ese tributo se destinaría en un 70% a la Anses –de ese porcentaje, 42 puntos porcentuales quedan en el organismo y 28 se envían al PAMI–. A su vez, el 9% se debe reservar para el financiamiento de obras de vivienda social, bajo administración del polémico Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), y otro 19,5%, a obras de infraestructura económica, dinero que debe ser ejecutado por la Secretaría de Obras Públicas, dependiente del Ministerio de Economía. Queda un mínimo porcentaje (1,5%) que debía financiar actividades de fomento del turismo nacional.

Pero a poco de llegar, la administración libertaria desarmó aquella ecuación. Mediante el decreto 193, de febrero de este año, eliminó prácticamente el aporte al FISU y del 9% lo redujo a 1% para entregarle esa diferencia a obras públicas. Así las cosas, llegó el fin de año y empezó la necesidad de darle un barniz de prolijidad a las cuentas públicas. Entonces, apareció un pagaré con 12 ceros. “Establécese que la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía deberá constituir una aplicación financiera gratuita a favor del Tesoro Nacional por pesos un billón ($1.000.000.000.000)”, dice un artículo del decreto 1104, publicado el 17 de diciembre en el Boletín Oficial. Parece una cuestión técnica, pero se trata de la consolidación de la decisión de Milei de no poner una moneda en obra pública, aún aquella que fue recaudada con una aplicación específica. Y si bien no le quitó todo, se hizo de gran parte. Lágrimas de fin de año para los constructores argentinos.

Fuente: ámbito – El nuevo mecanismo dará la posibilidad de que los proyectos inmobiliarios se hipotequen por unidad funcional, en lugar de esperar a la finalización de un proyecto completo.

El Gobierno disolvió el fondo fiduciario que sustentaba el programa Procrear e implementó las hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios en desarrollo, más conocidos como construcciones «en pozo». ¿Qué implican estas medidas y cómo se espera que impacten en el mercado inmobiliario?

El Procrear, creado en 2012 bajo la gestión de Cristina Fernández Kirchner, ofrecía líneas de crédito subsidiadas por el Estado nacional para el acceso a la vivienda. Ahora se disolvió el fondo fiduciario que lo sustentaba, pero las obras en ejecución se liquidarán a favor de terceros para finalizarlas y que luego se puedan adquirir pero a través de un crédito.

Además, aquellos beneficiarios del programa Procrear que aún tienen deudas, seguirán pagando el crédito pero a través del Banco Hipotecario, “bajo las mismas condiciones de retribución que las establecidas en el Contrato de Fideicomiso suscripto el 18 de julio de 2012 para dichas gestiones”.

¿Qué es una hipoteca divisible?

Las hipotecas divisibles dan la posibilidad de que los proyectos inmobiliarios en pozo en manos de los desarrolladores se hipotequen por unidad funcional, en lugar del edificio completo o un lote entero como ocurría hasta el momento. Esto impedía que las unidades se vendan a través de un crédito debido a que no se podían escriturar. Ahora esa posibilidad estará también abierta a los pequeños inversores.

«Esto significa que las constructoras van a poder pagar su préstamo de a poco, y a medida que lo hagan, se van a ir liberando departamentos para escriturar. También los compradores van a acceder a créditos hipotecarios para adquirir cualquier unidad funcional en pozo», explicó a Ámbito, la ex presidenta de la Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), Marta Liotto.

Hasta el momento, ocurría que si la constructora había pedido un préstamo para desarrollar el proyecto tenía que pagarlo entero para poder escriturar la propiedad a nombre del comprador y, según Liotto, esto «desalentaba las ventas».

La hipoteca divisible: expectativas de los desarrolladores

Desde el mercado inmobiliario esperan que se «aceleren» los desarrollos gracias a la división de hipotecas. Además, afirman que es una desregulación que esperan «hace años» y los posiciona como un «mercado del primer mundo».

«Es algo que desde el sector inmobiliario conjuntamente con los desarrolladores y las empresas constructoras estamos solicitando desde hace bastante. Lo venimos pidiendo desde la administración de Mauricio Macri cuando lanzaron los créditos hipotecarios y no fue viable en ese momento. Esta iniciativa va a acelerar los desarrollos y el acceso a la vivienda», señaló Liotto.

Por su parte, Ezequiel Wierzba, de WGW Desarrollos, mencionó que esta medida «facilitará la venta» y el «financiamiento» de las unidades funcionales en los proyectos en pozo. Esto ayudaría a «dinamizar» el mercado inmobiliario y daría «mayor flexibilidad» tanto a desarrolladores como a compradores, a la vez que podría ampliar la oferta.

«Celebramos esta gran noticia para nuestro sector, que venimos esperando hace muchos años, y que nos posiciona como un mercado de primer mundo», festejó el desarrollador Alan Mohadeb, socio de CEK GROUP.

En ese sentido, Mohadeb destacó que las hipotecas divisibles son «fundamentales para el acceso a la vivienda, para el desarrollo de la inversión privada y para impulsar la reactivación económica y productiva». Y sumó que, se observa «mucho interés» en las operaciones producto del blanqueo.

El valor del metro cuadrado (m2) en pozo actualmente se encuentra en una fuerte tendencia alcista tras la desregulación de los alquileres y se ubica cercano al precio de un departamento a estrenar, entre u$s2.741 y u$s2.745, respectivamente, según el relevamiento de Zonaprop. Por otro lado, el m2 de los usados se encuentra muy por debajo en u$s2.138.

«Con esta medida, el Gobierno apunta a que el mercado de propiedades en pozo sea aún más activo y esto no solo podría aumentar la demanda, sino que también es probable que presione los precios al alza, especialmente si más compradores pueden aprovechar las hipotecas divisibles para asegurar unidades en proyectos nuevos», analizó Wierzba.

Fuente: Cronista – El indicador oficial que la mide mostró una baja de 35,2% respecto a igual mes de 2023. A nivel mensual, si bien el dato fue positivo en 2,7%, exhibió una franca desaceleración respecto del 6,9% que subió en mayo.

En junio de 2024, el Indicador sintético de la actividad de la construcción (ISAC) mostró una baja de 35,2% respecto a igual mes de 2023, informó hoy el INDEC. El acumulado de los seis primeros meses de 2024, que coincide con el inicio de la gestión del presidente Javier Milei, quien, entre otras cosas, dispuso un corte de cuajo de la obra pública,  presentó, a su vez,  una baja de 32,7% respecto a igual período del año pasado, un porcentaje que duplicó la baja de la actividad industrial, que cayó 16,1% durante el mismo período. Hoy, precisamente, también se conoció el dato de la performance manufacturera de junio, con una caída de un 20,1% interanual

 A nivel mensual, si bien el dato fue positivo en 2,7%, exhibió una franca desaceleración respecto del 6,9% que subió en mayo, aun cuando haya redondeado tres meses de variación positiva sucesivos (en abril creció 2,3%), luego del 16,7% que desmejoró en marzo. 

Según el informe oficial, el índice de la serie desestacionalizada muestra una variación positiva de 2,7% respecto al mes anterior y el índice serie tendencia-ciclo registra una variación negativa de 1,5% respecto al mes anterior.

El impacto del ajuste en la obra pública también se siente en las empresas: hoy, por ejemplo, se conoció que la Compañía Latinoamericana de Infraestructura y Servicios (CLISA), integrante del Grupo Roggio, no pagó los servicios derivados de obligaciones negociables, por lo que inicio tratativas con los acreedores. La empresa lo comunicó a la Comisión Nacional de Valores (CNV). La presentación la realizó Mariano Peterlin, en su carácter de responsable de relaciones con el mercado. La decisión genera preocupación en la city porteña por temor a que las dificultades para cumplir con las deudas se extiendan a otras compañías.

La firma indicó que no se hizo el pago «de los intereses correspondientes al período que comenzó el 25 de enero de 2024 y finaliza el 25 de julio de 2024″. El contrato de fideicomiso establece un plazo de 30 días, contado a partir del día de la fecha, para el cumplimiento del pago de los intereses.

Los intereses derivan de obligaciones negociables emitidas en 2021 a una tasa de interés creciente con vencimiento en 2027, cuyo valor nominal total en circulación actualmente asciende a u$s 358,050 millones.

En la presentación se indica que la empresa «está en conversaciones con grandes tenedores que representan la mayoría del capital» de las obligaciones negociables en circulación, para «una posible modificación de los términos y condiciones de las mismas que le permita atender adecuadamente sus compromisos en un contexto complejo para las actividades que desarrolla».

En este contexto, y en el marco de las negociaciones encabezadas por el Gobierno  a través del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, con gobernadores para sumar votos en favor de la Ley Bases, la administración libertaria ensayó un nuevo plan de reactivación de la obra pública con al menos 850 proyectos en cartera en todo el país. Según pudo averiguar El Cronista, la hoja de ruta funcionará bajo un esquema de financiación mínima, orden de prioridades y aporte de las provincias. Sin embargo, como también informó este diario, pese a que ya son 20 las provincias que firmaron los acuerdos de traspaso de obras con la Nación, surgió la duda acerca de cómo iban a pagarse los proyectos:  muchos oscilan entre financiamiento externo, propio o el ahorro privado.

Fuente: Cronista – Ya son 20 las provincias que firmaron los acuerdos de traspaso de obras con la Nación. Muchas oscilan entre financiamiento externo, propio o el ahorro privado.

La suspensión de la obra pública por parte del Gobierno nacional fue una de las banderas que esgrimió el oficialismo en sus comienzos. El traspaso que llevó adelante la Jefatura de Gabinete ya suma a 20 provincias que suscribieron y gestionan formas para financiar las obras de las que se harán cargo.

Según la Oficina de presupuesto del Congreso (OPC), en el primer semestre, la inversión real directo se contrajo en un 83,9% a raíz de la reducción de las erogaciones por parte de la Dirección Nacional de Vialidad (-93,3%) y la reducción de las obras de desarrollo de infraestructura hidráulica (-96,2%), entre otras erogaciones.

Mantuvimos una reunión de trabajo con los gobernadores de Juntos por el Cambio, con quienes dialogamos sobre temas relativos a las distintas jurisdicciones y sobre las obras públicas en cada provincia.

Participaron @LeandroZdero (Chaco); @NachoTorresCH (Chubut);… pic.twitter.com/LNmM0iKuwg— Guillermo Francos (@GAFrancosOk) August 1, 2024

Muchas provincias avanzaron en mecanismos alternativos para el financiamiento de aquellas obras que continuarán según lo acordado con la Nación, como esquemas de ahorro previo, financiamiento internacional o en base a lo que recauden.

Son solo 4 las que aún no concretaron los acuerdos que lleva adelante el jefe de Gabinete, Guillermo Francos: Buenos Aires, Formosa, La Pampa y la Ciudad de Buenos Aires.

Pero antes: saldar deudas y priorizar

Uno de los puntos en los que coincidieron las provincias consultadas por El Cronista fue en la necesidad de que primero la Nación avance con el pago de lo adeudado con los contratistas. La etapa final se da luego de que se consiga el libre deuda y, de ahí en adelante, las provincias continuarán con las obras. Esto, dijeron, se estaría resolviendo en los próximos días.

Sobre esto último destacaron que se debe atravesar una instancia de priorización de las obras que se deban continuar con mayor urgencia por sobre otras. Influye también en la selección para continuar si son consideradas estratégicas o no y el nivel de avance con el que cuenten.

Las vías de financiamiento disponible también varían según el tipo de obra. Desde una provincia patagónica señalaron que es difícil obtener financiamiento internacional para viviendas, en cuyo caso deberá hacerse con un mecanismo interno, mientras que en el caso de rutas relevantes, es posible conseguir crédito de organismos.

Organismos internacionales

Una de las provincias claves para el entramado exportador del país es Santa Fe. En su reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, el gobernador de esa provincia, Maximiliano Pullaro, planteó la necesidad de tener una infraestructura interportuario desarrollada y de mejorar el estado de las rutas nacional, principalmente, así como el de las provinciales y municipales. Para eso, propusieron un sistema de administración por parte de la provincia a través de un convenio. Otro de los puntos que llevó al palacio de Hacienda fue el desarrollo energético de Santa Fe para potenciar la industria.

Los ministros provinciales plantearon la posibilidad de un financiamiento de la infraestructura y hablaron sobre la posibilidad de que, si la Nación no va a encargarse del mantenimiento de las rutas vigentes, la provincia se haga responsable con las herramientas jurídicas para hacerlo.

En Buenos Aires mantuvimos reuniones con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, donde abordamos temas trascendentales para el desarrollo de Santa Fe.

Junto a los ministros @GustavoPuccini @polivares3 y @lisandroenrico… pic.twitter.com/s7RviYbmXw— Maximiliano Pullaro (@maxipullaro) August 1, 2024

Detrás del planteo de esta y otras provincias radica la idea de que puedan financiarse con organismos internacionales como el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, entre otros.

En esta misión se había embarcado la vicegobernadora de Santa Fe, Gisela Scaglia, que en Europa se reunió con otros organismos como el fondo de la OPEP, el de Kuwait, el de Arabia Saudita, la Agencia Francesa de Desarrollo y el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para avanzar en conversaciones de inversión en infraestructura y desarrollo. El rol de Santa Fe como proveedor de alimentos fue clave en los encuentros.

San Juan anunció recientemente que también avanzaría con las obras del segundo tramo de la ruta 40 a finales de este mes. La ruta que la conectará con Mendoza con financiamiento del BID, con quienes tratan otras inversiones en infraestructura en la provincia. En paralelo, el Gobierno nacional se hará cargo de la financiación y ejecución de obras en escuelas.

Jujuy sumó al BEI en el financiamiento del punto de acopio para la gestión de residuos, mientras que promueve un plan de financiamiento para la reactivación de la obra privada.

Financimiento propio y ahorro previo

Otras provincias, señalaron que lo más probable es que el financiamiento sea propio, por un lado a raíz de dificultades para concretar los créditos del exterior y por el otro por los niveles de avance de las obras. Es el caso de Tierra del Fuego, donde la mayoría de las obras por las que se firmó el traspaso tenían un nivel de avance de hasta el 80%, por lo que queda poco en manos de las provincias, aunque destacaron que se irá sosteniendo en base a los recursos de los que dispongan y con un esquema de prioridades. Contemplan además un margen para lo que la Nación decida transferir para el avance de obras seleccionadas.

El caso de Salta fue uno de los más resonantes la semana pasada ya que allí Caputo junto al gobernador Gustavo Saenz anunciaron un préstamos del BID para la creación de un polo tecnológico por 50 millones de dólares.

%u270D%uD83C%uDFFB Con el ministro de Economía de la Nación, @LuisCaputoAR, firmamos un convenio por USD 50 millones a través del Banco Interamericano de Desarrollo (@el_BID) destinado a financiar la construcción de un Polo Tecnológico en la Capital y un Centro de Capacitación en San Antonio de… pic.twitter.com/LdyhYRwGLn— Gustavo Sáenz (@GustavoSaenzOK) August 2, 2024

El traspaso en el caso de Salta fue por 65 de las 118 obras que llevaba adelante la Nación. Según señalaron desde la provincia, este mes podrían reactivarse las que quedaron en sus manos. Entre ellas, Salta continuará con las casi 2.000 viviendas paralizadas. Para ellas, analizan un esquema de ahorro previo acompañado con un esquema complementario para facilitar el acceso de las familias a la vivienda.

Las obras en la provincia representan una inversión de más de $300 mil millones. Entre los acuerdos firmados está también que la Nación se hará cargo del mantenimiento de las rutas más importantes, las plantas depuradoras y la construcción de 12 escuelas, mientras que la provincia se hará responsable de las ampliaciones y remodelaciones de las mismas.

Además del sistema de ahorro previo para vivienda que se encuentra desarrollando Salta, también se mantuvieron reuniones con el sector de la construcción.