Categoría: Obras Viales

Fuente: IProfesional – El presidente de la Cámara Argentina de la Construcción advirtió por el nivel de litigiosidad que puede ocasionar la medida de suspensión de obra pública.

Tras el anuncio del Gobierno de suspensión de la obra pública, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió que el incumplimiento de los contratos «se puede llevar a la Justicia«.

Así, adelantó por un escenario difícil para el sector, por el nivel de litigiosidad que puede ocasionar mayor cantidad de demandas judiciales.

«En materia de Obra Pública, todavía no dijeron de qué forma van a continuar las obras que están en curso y que vienen en una situación muy complicada por la inflación», señaló Weiss este miércoles en declaraciones radiales, en las que señaló además que «tenemos que ver cómo se van a traducir las medidas en la práctica, esperamos reunirnos con el Ministro de Infraestructura».

Desde Camarco temen que la suspensión de la obra pública, genera un escenario de mayor conflictividad, que se traducirá en demanda y juicios por no cumplir con los contratos pautados con anterioridad.

Suspensión de la obra pública: Camarco advirtió por conflicto legal por contratos

«Nosotros tenemos 3 mil obras que estarían en ejecución en este momento», expresó Weiss, y alertó: «Si hay un contrato firmado y una de las partes no lo cumple, se puede llevar a la Justicia«.

Em declaraciones a C5N, manifestó el titular de Camarco, «en países centrales como Inglaterra la inversión privada en la obra del país no excede el 7%, el resto es inversión pública. La inversión en infraestructura no tiene interés para el sector privado, es un fenómeno mundial», explicó.

Weiss: «Las obras en curso vienen en un proceso muy complicado durante todo el año por la alta inflación»

El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este martes que «el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado». Añadió que su realización quedará a cargo del sector privado porque «el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo».

«Suponíamos que iba a haber un ajuste. Continuarían las obras que están en curso, pero no dijeron de qué forma. Tenemos que ver cómo se traduce esto en la práctica en los próximos meses. Estamos esperando tener reuniones con el ministro de Infraestructura y el secretario de Obras Públicas», expresó Weiss a C5N.

También señaló que «las obras en curso vienen en un proceso muy complicado durante todo el año por la alta inflación y por atrasos en los pagos, en algunos casos muy importantes. Hoy en gran medida están paradas o con un muy bajo nivel de ejecución», aseguró.

Cuántas obras públicas hay en ejecución y cuántos empleos generan

Weiss destacó que, según datos de Camarco, «3.000 es el número de la obra pública que estaría en este momento en ejecución, tanto obras directas como por convenio». Agregó que «si hay un contrato firmado y el Gobierno lo incumple, potencialmente uno puede entablar una demanda en la Justicia. Veremos caso por caso».

En cuanto a los puestos de trabajo que se verían afectados por las medidas, detalló que «el empleo total de la construcción formal es del orden de 550.000 personas directas, esto es jornalizados y mensualizados. Aproximadamente la mitad trabajan en obra pública; la otra mitad trabajan en obra privada», explicó.

«Por lo tanto, el universo de empleo directo que estaría afectado por esta situación son más o menos 270.000 personas. A eso hay que agregarle aproximadamente un empleo indirecto por cada empleo directo, con lo cual 270.000 trabajan en obra pública directa y otro tanto en forma indirecta», sostuvo.

El titular de Camarco desestimó la posibilidad de que estas 3.000 obras públicas sean retomadas por el sector privado. «La experiencia mundial en los países como Inglaterra, que fue el inventor de este sistema, es que la inversión privada en el total de la infraestructura de un país no excede el orden del 7%», aseguró.

Fuente: BAE – El presidente electo dijo además que «se acabó» el tema de las transferencias discrecionales a las provincias. 

El presidente electo, Javier Milei, afirmó hoy que para bajar los gastos en el sector público comenzará con recortes a la obra pública hasta llevarla «a cero» y anticipó que respetará las licitaciones que están en curso.

«Empezamos recortando la obra pública y llevándola a cero, y las que están en curso las licitamos. Los contratos se respetan», dijo Milei en declaraciones radiales.

Milei agregó que se terminará con «las transferencias discrecionales» a las provincias.

El presidente electo, que prevé un gabinete con ocho ministerios, anticipó que además procura privatizar los medios de comunicación públicos e YPF aunque en el caso de la compañía petrolera no lo hará en el corto plazo.

Sobre Aerolíneas Argentinas, dijo que su idea es «entregársela a los empleados, que hagan una depuración y que compitan en cielos abiertos».

Fuente: Infobae – Hay demoras en diferentes proyectos por falta de presupuesto. Preocupación por el impacto sobre el nivel de actividad

La construcción ha atravesado un 2023 complicado, con poca actividad en la obra privada y movimiento moderado de proyectos financiados por el Estado. De cara a lo que viene, las empresas que trabajan de la mano del Gobierno no tienen expectativas de que el panorama mejore. De hecho, una encuesta realizada por el Indec reveló que la mayoría espera un freno de la obra pública, impulsado por atrasos en las cadenas de pago.

En detalle, entre las empresas dedicadas fundamentalmente a la obra pública, 57,4% opina que el nivel de actividad disminuirá al menos hasta fin de año, mientras que 33,9% cree que no cambiará y 8,7% que aumentará. Es decir que la gran mayoría de las firmas que trabajan de la mano del Estado espera una desaceleración o un freno del ritmo de obras.

Por su parte, el 59,6% de las empresas que realizan principalmente obras privadas prevé que el nivel de actividad del sector no cambiará durante los próximos tres meses, mientras que 34,6% estima que disminuirá y el 5,8% que aumentará. Esta no es necesariamente una buena noticia, teniendo en cuenta que el nivel de actividad de la construcción viene en baja (-2,9% en el acumulado de los primeros diez meses).

Ahora bien, ¿a qué se atribuyen las malas expectativas? Las empresas que se dedican mayormente a las obras públicas y que estiman una caída de la actividad del sector en los próximos tres meses señalan como principales causas de sus proyecciones negativas a los atrasos en la cadena de pagos (27,8%) y la caída de la actividad económica (26,1%).

Te puede interesar: Código Urbanístico y nuevas construcciones en CABA: cuáles son los cambios que se analizan y porqué serán claves las avenidas porteñas

Los retrasos en los pagos no son un problema reciente. De hecho, hay obras de gran envergadura que presentan demoras preocupantes. El 29 de septiembre se abrieron los sobres con las ofertas para la construcción de la Reversión del Gasoducto Norte, una obra proyectada para llevar gas y electricidad a 6 millones de argentinos en siete provincias del centro y el norte argentino. Sin embargo, la construcción todavía no comienza y ya preocupa que no pueda finalizarse a tiempo para el próximo invierno.

Uno de los problemas es que las ofertas presentadas por las empresas superan ampliamente el presupuesto, dado que el cálculo de los costos realizado por Enarsa (Energía Argentina SA) se hizo a mediados de año, mucho antes de la devaluación y la disparada de la inflación. Dicho de otra manera, faltan recursos para encarar la obra.

Si se analizan los resultados de la encuesta, se encuentra que otras de las causas principales de malas expectativas de las empresas que trabajan en la obra pública son justamente la inestabilidad de los precios y los altos costos de la construcción.

El freno de la obra de reversión del Gasoducto del Norte no es un tema menor, sobre todo considerando que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) informó a Enarsa que a partir de 2024 no estará garantizado el abastecimiento en firme de Gas Natural y que desde la fecha citada el servicio pasará a condición de interrumpible en su totalidad. En resúmen, el riesgo de desabastecimiento de gas y electricidad en el norte es alto.

Te puede interesar: Casas al revés: cómo son las insólitas viviendas que desafían la gravedad, con muebles y accesorios que cuelgan del techo

Volviendo al sector de la construcción, también las empresas privadas tienen malas expectativas para lo que resta del año y lo atribuyen principalmente a la inestabilidad de los precios (se limita la venta de materiales por la incertidumbre) y a la caída de la actividad económica.

Freno del empleo

Pese a la caída de la actividad de la construcción, el empleo formal del sector ha mantenido una tendencia de crecimiento durante casi todo el 2023, incluso alcanzando cifras máximas durante algunos períodos. No obstante, las empresas advierten que las plantas de personal tienen muy bajas posibilidades de seguir aumentando.

Tanto las empresas que se dedican a la obra pública como las que se desempeñan en la parte privada advierten más posibilidades de que la cantidad de trabajadores baje o se mantenga, a que crezca. De todas formas, es común que las empresas no piensen en tomar nuevos empleados en época de elecciones, debido a los altos niveles de incertidumbre, más aún dentro de un sector que en gran medida depende de la actividad impulsada por el Estado.

Fuente: iProfesional – La administración de Alberto Fernández reconoció los daños que produce la inflación sobre la industria de la construcción. Puntos destacados

En medio de la aceleración inflacionaria y la incertidumbre política por las elecciones, el Gobierno salió a tenderle una mano a las empresas constructoras al aprobar un nuevo régimen de «redeterminación de precios de las obras públicas y servicios de consultorías», que el sector venía reclamando desde el año pasado para retomar el ritmo de los trabajos que comenzaron a frenarse por las pérdidas económicas derivadas de la falta de actualización de los valores contractuales.

Por medio del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 490/23, la administración de Alberto Fernández reconoció los daños que produce la inflación sobre la industria de la construcción y sacó a la calle un nuevo esquema regulatorio destinado a modificar el procedimiento de redeterminación de precios de los contratos de obras públicas.

La movida del Gobierno, a menos de tres semanas de las elecciones, era esperada por las constructoras desde hace más de un año. En varias ocasiones habían planteado que el mecanismo vigente, tras la última adecuación de 2016, resultaba perjudicial y no servía para compensar las pérdidas en un contexto de inflación mensual alta.

Las quejas principales se focalizaban en el hecho de que, con la fórmula anterior, debían esperar un promedio de 6 meses para poder reclamar una actualización de valores de las obras; cuando la realidad impone que ese ajuste sea más automático y cada 30 días para que las empresas no se descapitalicen y puedan hacer frente a los mayores costos operativos y salariales.

Obra pública: procedimiento de actualización de precios

En principio, la nueva reglamentación introduce un trámite de actualización y aprobación de los nuevos precios más simple y que no demoraría más de 60 días.

En los fundamentos del DNU, el Gobierno admitió que «resulta necesario una revisión de la metodología actualmente vigente para la consideración de las variaciones producidas en el precio de los contratos, así como la simplificación en los procesos asociados a la tramitación de las mismas, a los fines de cumplir adecuadamente con la finalidad de mantener el equilibrio económico financiero de los contratos de obra pública y de consultoría, garantizando de esta manera la regularidad en la ejecución de los planes de trabajo de las obras involucradas y su oportuna finalización».

La movida del Gobierno era esperada por las constructoras desde hace más de un año

Agregó que «el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos es una condición indispensable para garantizar el cumplimiento regular de los planes de trabajo de las obras públicas comprometidas, de modo de que las mismas puedan ser puestas oportunamente a disposición de la ciudadanía».

Destacó, además, que «la situación vigente relacionada con el procedimiento de redeterminación de precios implica en los hechos una disociación entre los precios reales de los ítems en ejecución en un período determinado y el monto resultante de la aplicación de la variación de referencia, con el impacto perjudicial que estas situaciones generan en el avance de las obras».

Según la visión oficial, los cambios en juego «contribuirán al mantenimiento de la reactivación del sector de la construcción, traerá aparejado un significativo aumento de la demanda de mano de obra requerida a tal efecto y provocará un incremento sustancial de las múltiples fuentes de trabajo vinculadas al sector, además de generar la movilización de otros aspectos de la actividad económica en general, lo cual impactará en la recuperación de nuestra economía».

En la parte resolutiva, el DNU cambia el régimen de redeterminación de precios vigente con una serie de modificaciones que «tienen por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos de obra pública y de consultoría financiados total o parcialmente con fondos del Estado Nacional a través del establecimiento de valores compensatorios de las variaciones de los insumos».

Establece que el nuevo procedimiento de redeterminación de precios deberá ajustarse a seis principios generales: mantenimiento de la ecuación económico-financiera original del contrato; conmutatividad del contrato; equidad y buena fe en su aplicación e interpretación; eficiencia, eficacia y celeridad de los procedimientos establecidos; transparencia y publicidad y, por último, colaboración entre las partes.

Redefinición de los valores contractuales de las obras

En cuanto a «los factores principales» cuyas incidencias se tomarán en cuenta para la redefinición de los valores contractuales de las obras, el nuevo esquema identifica las siguientes variables: el costo de los materiales y de los demás bienes incorporados a la obra; la mano de obra; la amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos y «todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente».

El régimen establece que el nuevo procedimiento de redeterminación de precios deberá ajustarse a seis principios generales

En el caso de los contratos de consultoría, el DNU precisa que «sólo podrán redeterminarse en relación con las variaciones de los costos de mano de obra y de traslado».

En el ítem referido a los «precios de referencia», estipula que «se utilizarán los índices o precios informados por el INDEC en la primera publicación inmediata posterior al mes en análisis o los informados por otros organismos oficiales de carácter técnico y entidades especializadas». Según el nuevo sistema, cada organismo o jurisdicción deberá aprobar «estructuras de ponderación estandarizadas por tipología de obra».

Por último, entre otros cambios relevantes, establece que «se redeterminará cada uno de los precios de los ítems que componen el cómputo y presupuesto del contrato, utilizando los análisis de precios o estructuras de costos de cada uno de los ítems desagregados en todos sus componentes, incluidas las cargas sociales y tributarias».

Fuente: La Nación – Katopodis le había adelantado la medida a Massa y a Fernández; se buscó usar el aparato estatal para realizar tareas de propaganda contra la oposición

En el oficialismo juran que Sergio Massa recién supo este martes que Gabriel Katopodis había decidido hacer un “paro activo”, con asambleas incluidas, en las obras públicas para hacer campaña a favor del ministro de Economía y contra Javier Milei y Patricia Bullrich. Cuentan que se lo informó apenas unas horas antes, luego de conversarlo durante el fin de semana con el presidente Alberto Fernández, por entonces de gira en Nueva Delhi, India. Fernández, a diferencia de Massa, le dijo que se sumaría al uso de las obras públicas para realizar tareas de propaganda electoral.

A pesar de las críticas extendidas de la oposición por el uso del aparato estatal, Katopodis aseguró que recibió mensaje de apoyo y felicitaciones de sus pares en el Gabinete. Sin embargo, la medida no se replicaría, al menos de momento, en otras carteras.

Para Katopodis fue una forma de “ponerse la campaña al hombro”, como exigen desde el equipo de Massa. “Nunca esquivó nada de todo lo que nos pasó, esto es una muestra más de eso”, elogiaban desde las filas del kirchnerismo en referencia al ministro.

En el Gobierno intentaron convencer que la idea del paro había surgido “de abajo hacia arriba”, en un intento por resposabilizar a los trabajadores de la medida. Hablaban de un plantel “que tiene la camiseta puesta”, en referencia a los empleados públicos. “Hay una conciencia extendida de lo que se implicaría por su enorme impacto” agregaban, en referencia a un eventual triunfo opositor. Al mismo tiempo que insistían en que Katopodis lo que hizo “fue canalizar esos pedidos y darle forma”. En esa línea resaltaban además la relación con la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y con la UOCRA, dos actores centrales del proceso.

A la par que cosechó elogios internos, muchos de ellos públicos, la decisión de Katopodis también despertó críticas, como las de Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba y candidato a presidente. El cordobés consideró: “En relación al insólito PARO que propone el gobierno nacional en sus obras públicas, quiero recordarle que en Córdoba las obras nacionales están PARALIZADAS. La autovía 19 desde hace 5 años, con el gobierno de Macri y con el actual gobierno nacional. Al igual que la reconstrucción de la ruta nacional 158. POR TAL MOTIVO EL ÚNICO PARO DEBERÍA SER PARA QUE HAGAN Y TERMINEN LAS OBRAS QUE PROMETEN”. Tras lo que apuntó los propios logros en materia de obra pública en su provincia. Eso hasta que se expidió sobre el brutal índice de inflación que esta tarde se ubicó en 12,4%.

Fuente: Ámbito – Ante el retraso del Gobierno y la alta inflación, las empresas constructoras se ven afectadas por la situación. Desde el sector piden posibilitar su continuidad

En el marco de una inflación mensual que se aproxima al 10%, las obras públicas a nivel nacional se paralizaron, lo que pone en riesgo a más de 500 pymes. Entre sus motivos, las demoras en los pagos por parte del Gobierno y la falta de actualización de los precios.

Además de los problemas que afrontan las grandes empresas constructoras, las pequeñas y medianas empresas que trabajan en la obra pública se ven afectadas para seguir operando. «Muchas de ellas están al borde de la quiebra y con problemas de toda índole, pero sobre todo no tienen forma de absorber los costos operativos», contó un empresario a C5N. Informate más

escenario. Entre las trabas para la ejecución de la obra pública detallan las “excesivas e injustificadas demoras en las certificaciones y pagos de las redeterminaciones de precio”.

Sobre la situación, la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) advirtió que en la actualidad la Nación, las provincias y los municipios demoran el tratamiento y pago de los certificados de obra pública con sus respectivas redeterminaciones de costos, lo que genera un fuerte impacto en los trabajos y pone en jaque tanto a las obras, como a las empresas.

Pymes afectadas por la parálisis de la obra pública

Según indicaron algunos empresarios pymes, los atrasos en los pagos alcanzan muchas veces a un mínimo de ocho meses. En un contexto de una inflación de entre 10% y 20% anual, las demoras en los pagos y en la redeterminación de precios es algo que se puede sostener. Sin embargo, con una inflación del 10% mensual “no hay forma de absorberlo”, explicó el dueño de una constructora.

Además, se le suman las condiciones de comercialización de los insumos que registran incrementos de más del 100% anual y la falta de créditos blandos para restituir el capital de trabajo. «Necesitamos que el Gobierno pague urgente los trabajos ya ejecutados, con intereses por mora y sus redeterminaciones de precios», dijo un empresario. Y agregó: «Necesitamos que le den al contratista la posibilidad de neutralizar los plazos de obra, sin penalidades ni congelamientos, hasta que la situación se resuelva».

Reclamo sectorial

Las empresas nucleadas en las cámaras de las provincias y municipios exigen una solución en el corto plazo.

objetivo. Se facilita el acceso al crédito para pymes proveedoras.

Por su parte, el Consejo Federal de la Cámara Argentina de la Construcción, exigió el “pago urgente e íntegro de los trabajos ejecutados, los intereses por mora y sus redeterminaciones de precios, que adecuan los valores contractuales desactualizados a los costos actuales. Ello en todos los contratos, incluso los realizados por convenios entre jurisdicciones, obras en general realizadas por empresas pymes de todo el país”.

En ese sentido, a través de una declaración firmada por las 25 delegaciones de todo el país, las empresas pidieron la posibilidad para el contratista de neutralizar los plazos de obra, sin penalidades ni congelamientos, hasta que la situación sea resuelta.

Fuente: Télam ~ El Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, participó en San Nicolás de los Arroyos de la mega muestra Expoagro 2023 mediante la instalación de un stand en el que se dan a conocer algunas de las obras más importantes que se encuentran en ejecución en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, que abarcan a una de las regiones más productivas del país.

Luego de participar del acto de apertura donde se realizó el tradicional corte de cinta, el administrador general de Vialidad Nacional, Gustavo Arrieta, expresó que “esta muestra tiene que ver con la producción, el trabajo y todo aquello que está relacionado con nuestras comunidades del interior de la provincia de Buenos Aires, donde invariablemente Vialidad ocupa un lugar fundamental debido a que las rutas permiten el traslado de la producción, la conectividad, la seguridad vial y la logística”.

Al respecto, añadió que “no podemos concebir una provincia ni un país que se desarrolle si sus rutas no están en óptimas condiciones”.

Maquinaria vial de última generación adquirida entre 2020 y 2021

En el stand, que podrá ser visitado hasta este viernes 10 de marzo, se exhibió una pala cargadora, un camión bacheador, una mini pala, una motoniveladora y cinco camionetas Nissan 4×4 adquiridas en el marco del Plan Federal de Fortalecimiento Vial 2021-2022, que contó con una inversión superior a los $190 millones por parte del Ministerio de Obras Públicas, a través de Vialidad Nacional, para incorporar maquinaria y vehículos de última generación que fueron destinados a los 24 distritos del país.

Asimismo, se proyectaron imágenes de obras actualmente en ejecución en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa y Santa Fe, por donde pasan algunas de las rutas nacionales de mayor importancia para el traslado de la producción agrícola de la región Centro del país.

PROVINCIA DE BUENOS AIRES
En la provincia de Buenos Aires se lleva a cabo la transformación en autopista de la Ruta Nacional 8 entre Pilar y Pergamino, que en la actualidad comprende dos tramos en ejecución: Todd – Fontezuela y el distribuidor de acceso a la localidad de Juan Anchorena.

Mediante una inversión de más de $8.200 millones, esta obra optimizará el movimiento de cargas agroganaderas y agroindustriales de exportación desde y hacia Santa Fe, Córdoba y San Luis.

Por otra parte, sobre la Ruta Nacional 7 se desarrolla la obra de autopista entre Luján y Junín, cuyos dos tramos en ejecución— Carmen de Areco-Chacabuco y la Variante Chacabuco— comprenden un total de 78 kilómetros e implican una inversión superior a los $34.200 millones por parte del organismo vial nacional.

La RN 7 es el primer corredor internacional del país vinculado al movimiento de cargas del Mercosur, y su transformación en autopista mejorará la conexión e integración de los principales centros agro ganaderos e industriales del noroeste de Buenos Aires con los puertos exportadores.

SANTA FE
En otra línea, en Santa Fe se destaca la ejecución de la Autopista RN 34 entre Rosario y Sunchales, que agilizará el transporte desde el polo industrial de Rafaela y la cuenca lechera, así como el traslado de la producción agropecuaria hacia los puertos de Buenos Aires y Rosario.

Actualmente, son tres los tramos en ejecución, que suman un total de 57,6 kilómetros: el trayecto que va desde el empalme con la Ruta Nacional 19 hasta el empalme con la Ruta Provincial 13; la Variante Rafaela; y desde el empalme con la RP 13, a la altura de Ataliva, hasta Sunchales.

CÓRDOBA
En Córdoba, Vialidad Nacional ejecuta la circunvalación de Villa María, que forma parte de la obra de transformación en autopista de la RN 158 entre San Francisco y Río Primero.

El mencionado bypass, de 13 kilómetros de extensión, mejorará la integración del eje Mercosur – Chile, por donde se moviliza el 70% de la actividad productiva y económica de América del Sur.

Además, agilizará la conexión de zonas altamente productivas del sudeste de Córdoba, como San Francisco, Villa María y Río Cuarto, con los puertos de la región centro.

ENTRE RÍOS
En Entre Ríos, la autovía de la Ruta Nacional 18 entre Paraná y Concordia avanza a buen ritmo en el tramo que se desarrolla entre el empalme con la RN 12 y el arroyo Sandoval.

La RN 12 forma parte del conjunto de rutas que componen los corredores internacionales bioceánicos que conectan los puertos de Chile con Brasil.

Una vez finalizada la obra, se agilizará el traslado de carga arrocera desde San Salvador (Capital Nacional del Arroz) y desde el Parque Industrial de Villaguay hacia los puertos de Santa Fe y Zárate.

Semanas antes de la inauguración de la muestra, Arrieta y el gerente ejecutivo de Regiones y Distritos Provinciales, Patricio García, entre otras autoridades de Vialidad Nacional, se reunieron con los responsables de la organización del evento, con quienes acordaron mejorar todos los ingresos a Expoagro para que estuvieran adecuadamente preparados y fueran accesibles, no solo por la Ruta Nacional 9 sino también por las entradas secundarias.

Fuente: Cronista ~ El ministro de Turismo y Deportes de la Nación Matías Lammens aseguró que el objetivo es posicionar a la Argentina como un destino de naturaleza a nivel internacional.

De acuerdo al último informe del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC), siete de cada diez turistas buscan activamente opciones de «viajes sostenibles«. En línea con esta tendencia que se profundizó luego de la pandemia por el Covid-19, el Ministerio de Turismo y Deportes está llevando adelante «La Ruta Natural«, el primer programa integral de desarrollo y promoción del turismo de naturaleza en el país.

En una primera etapa, se licitarán cuatro obras estratégicas durante el primer trimestre del 2023: la ampliación y refuncionalización del Muelle turístico para catamaranes en el Puerto de Ushuaia en Tierra del Fuego; el Puente sobre el arroyo Yabotí como vía de acceso permanente al Parque Provincial Moconá en El Soberbio, Misiones, la Ciclovía Maimará-Tilcara, en Jujuy; y la Refuncionalización de los Campings de Chicoana y Campo Quijano, Salta.

Luego, «La Ruta Natural» financiará la realización de proyectos ejecutivos para llevar adelante obras de infraestructura turística en destinos de naturaleza de La Rioja, Mendoza, Río Negro, San Luis, Buenos Aires, Neuquén, Entre Ríos y Catamarca. Finalmente, se alcanzarán 115 obras en destinos de naturaleza de todo el país, como el mejoramiento de senderos, nuevos trazados, miradores, puentes, muelles o refugios para la ampliación de una oferta turística sustentable en destinos consolidados y emergentes de todo el país. La iniciativa cuenta con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con financiamiento por 33 millones de dólares, junto con una inversión de 10 500 millones de pesos del Gobierno Nacional.

«El turismo de naturaleza es la gran demanda en esta nueva etapa y Argentina tiene un potencial enorme en ese sentido: contamos con maravillas únicas en todas las regiones. Vamos a potenciar la infraestructura turística para promover un desarrollo sustentable en territorios y comunidades», aseguró el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, tras obtener el financiamiento del BID.

Con este objetivo en mente, las obras de infraestructura enmarcadas en «La Ruta Natural» cuentan con criterios de sostenibilidad, adaptación y mitigación climática, y buscan fomentar el uso de materiales ecológicos y energías renovables. Además, el programa busca una mejora en la gestión ambiental del turismo y una profesionalización del sector mediante el apoyo a prestadores locales.

En paralelo, el ministerio nacional llevó adelante una intensa campaña comunicacional durante las últimas vacaciones de invierno y verano para promocionar circuitos en todas las regiones del país al que podrás acceder haciendo click aquí. Allí, los usuarios van a contar con información para planificar viajes por Argentina recorriendo más de 150 destinos consolidados y emergentes, presentando propuestas de experiencias y actividades para vivir la naturaleza y descubrir los mejores paisajes del país.