Fuente: La Nación ~ Desde la cámara que nuclea al sector en todo el país elaboraron un documento con las advertencias de los problemas que enfrentan; exigen “soluciones urgentes” al Gobierno.
La crisis económica que vive el país, con altos índices de inflación, también impacta en la obra pública. Así, a la falta de proyectos de infraestructura de envergadura se suman los problemas que aquejan a los principales actores del sector: las empresas constructoras.
Tras una reunión clave de los referentes de la actividad, desarrollada en Mendoza en los últimos días, decidieron emitir un duro documento para advertirles a las autoridades por las “excesivas e injustificadas” demoras en los pagos, lo que pone “en riesgo” la culminación de los trabajos. Por este motivo, exigen “soluciones urgentes”.
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Se trata de la “Declaración Mendoza” de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), al concluir la periódica reunión del Consejo Federal, el órgano superior de la institución, donde están representadas las compañías y sus delegaciones. En el escrito al que accedió LA NACIÓN hicieron hincapié en los graves problemas que afectan a las firmas asociadas que ejecutan obras públicas. Este diario intentó comunicarse con el presidente de la entidad, Gustavo Weiss, quien optó por limitarse a lo expuesto en el documento.
“Por su gravedad y por su previsible extensión en el tiempo, se decidió emitir la presente Declaración, para poner en conocimiento de las autoridades y ámbitos involucrados esas circunstancias. Estas podrían llevar al sector a situaciones que pongan en peligro el empleo futuro, la terminación de las obras y la continuidad de las empresas”, indicaron desde la entidad.
Dejaron en claro que los participantes en la reunión coincidieron en que durante la ejecución de los contratos de obra se están produciendo “una serie de inconvenientes que generan daños muy importantes para la economía de los contratos, y consecuentemente, graves perjuicios para las contratistas”.
En este sentido, expusieron una serie de puntos donde establecen las principales amenazas que padecen en el sector. En primer lugar, indicaron que existen “excesivas e injustificadas demoras en las certificaciones y pagos de las redeterminaciones de precios”. Esto, agregan, se produce en un contexto de alta inflación donde esos fondos representan “una parte sustancial de la remuneración del contratista, con demoras violatorias del artículo 22 del Decreto 691/16″.
Frente a este escenario, indicaron además que el actual ritmo inflacionario “obliga prácticamente a una redeterminación cada mes”, lo que implica un proceso administrativo que demanda varios meses.
“Esto es más grave aún en contratos por convenio con provincias o municipios, en las que se suman dos jurisdicciones a la tramitación”, indicaron desde Camarco. Asimismo, en el documento sostuvieron que el cobro de lo redeterminado se demora por los meses de trámite insumidos y el monto percibido “se ve severamente reducido por la pérdida de su valor adquisitivo -para reponer insumos- y por los altos costos financieros nominales”.
También, señalaron que al perjuicio sufrido, los índices relevados por el Indec “no representan exactamente la verdadera variación de precios de nuestros insumos, cuando se los compara con el aumento real de precios de los distintos materiales e insumos necesarios para la ejecución de la obra”.
En este caso, hicieron mención a una situación que agrava aún más el escenario. “A todo ello se agrega la distorsión significativa en los precios de materiales -y/o en sus formas de comercialización- a causa de su escasez, por cambios en el comercio exterior y su regulación y por efectos de conflictos geopolíticos”, indicaron.
En este punto, los empresarios de la construcción explicaron que también afecta la falta de redeterminación, de los Anticipos Financieros, en los contratos que los prevén, por el largo plazo, transcurrido habitualmente entre la oferta y la puesta en marcha de la obra y consecuente facturación del anticipo. “En muchos casos se verifica el congelamiento de un mayor porcentaje al realmente recibido”, advirtieron.
Por último, desde el sector, pusieron sobre la mesa lo que viene ocurriendo en los últimos meses. “A esta situación se agrega la demora en los pagos y su condicionamiento a la asignación por el Ministerio de Economía de cuotas trimestrales presupuestarias”, señalaron las compañías, al tiempo que aclararon que las mismas “se ven limitadas o demoradas por medidas de contención del gasto y reducción del déficit público”. En este sentido, alertaron que esta situación “puede prolongarse en el tiempo”. Por eso, aseguran que en todos los casos debe realizarse la automática liquidación de intereses establecidos por el artículo 8 de la Ley 13.064.
“Todos estos inconvenientes severos, conocidos por cada uno de los asociados, seguramente han afectado el ritmo de obra, por imposibilidad financiera para mantenerlo, con un atraso consecuente en la ejecución de los trabajos y en el cumplimiento de la curva de inversiones contractual. Los consecuentes congelamientos del precio solo aceleran, en forma espiral, el prejuicio que cada empresa sufre ya”, destacan en el escrito, en el que dejan expreso que han realizado gestiones con el Gobierno, en todos los niveles, ya sea nacional o provincial, reclamando “soluciones urgentes, referidas a la adecuación del sistema de redeterminaciones, para que sea ágil y representativo”.
“Hemos advertido a las autoridades sobre la necesidad imperiosa de adoptar medidas urgentes que mitiguen o extingan estas situaciones, ya que, de mantenerse, afectarán fuertemente la ejecución de las obras, produciéndose una ruptura en el mantenimiento de la inicial ecuación económica financiera de los contratos, con la consecuente afectación del patrimonio de las empresas y consecuentemente el empleo que generan y las obras que construyen”, concluyó la Declaración Mendoza.