Fuente: BAE ~ No solo en los diarios se puede leer sobre inmobiliarias que piden alquileres en dólares, el pago de la reserva del departamento sin que el inquilino conozca el inmueble u otras condiciones irrisorias para poder alquilar. Esas historias se escuchan en la calle, en la vida cotidiana: acceder a la vivienda es un desafío cada vez más grande. Ante estas situaciones, ¿qué rol debe cumplir el Estado?
Antes son necesarios algunos datos para entender cuál es el panorama . En junio, según el relevamiento mensual realizado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), la media de los monoambientes ofertados en la Ciudad de Buenos Aires fue de $45.000.
Recordemos que el salario mínimo vital y móvil es actualmente de $45.540, lo que cubre el 101,2% de un alquiler. Los números preocupan y no mejoran para los departamentos de dos y tres ambientes, los cuales, según el relevamiento, se encuentran entre los $58.000 pesos y los $80.000, respectivamente. Con este escenario, se torna imposible alquilar en estos términos. A estos números hay que sumarle el valor de las expensas, que alcanzan el 15%, en promedio, del costo de alquiler.
Con respecto a los aumentos anuales que establece la Ley de Alquileres, el inquilino debe afrontar una suba en base a los aumentos salariales y a la inflación, siempre sobre el valor original del alquiler. El índice para contratos de locación, que publica diariamente el BCRA, mostró un incremento interanual de 56% al primer día hábil de junio.
Alquiler e inflación
Los aumentos de más del 50%, que muchas veces son atribuidos a la ley, responden a un contexto de inflación desmesurada y, por ende, un aumento librado a la especulación de los propietarios sobre los precios iniciales que impactan de lleno en el índice. Eso también acarrea un problema de alta demanda y poca oferta, lo cual dispara los precios. Son muchas las personas buscando casa y pocas las que quieren poner su inmueble en el mercado de alquileres.
Ya en los últimos meses de 2021, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la que luego sería la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, adelantaron la necesidad de realizar una modificación de la Ley de Alquileres. Sin embargo, cuando se discutió esto en diferentes comisiones de la Cámara Baja, el foco estuvo puesto en defender lo que ya se había logrado: el contrato por tres años y la actualización anual.
El bloque opositor, en cambio, propuso un contrato de dos años, un ajuste acordado libremente entre las partes (basado en el Índice de Precios al Consumidor, el Índice de Precios Mayoristas y/o el Índice de Salarios elaborados por el Indec o una combinación de dichos indicadores) y una actualización consensuada que puede ir de tres meses a un año. También se discutió acerca de los beneficios que se le podrían otorgar a los propietarios para que oferten sus inmuebles en el mercado de alquileres y sobre las condiciones contractuales con las que se podrían llegar a sentir más cómodos.
Sin embargo, y volviendo al inicio de esta nota, el mercado encuentra la forma de escaparle a lo establecido y generar sus propias leyes. Lo dijo hace unos días Marta Liotto, presidenta del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba): «Sabemos que hay empresarios inmobiliarios que no están siendo prolijos. Por eso pedimos que se cumplan los pasos correctos a la hora de hacer contratos».
Es por eso que las discusiones sobre el acceso a la vivienda y las formas en las que tiene que darse deberían preceder a la discusión parlamentaria. Es claro que la ley puso en tensión la relación entre el mercado y el Estado. En una entrevista, Gervasio Muñoz, presidente de Inquilinos Agrupados, explicó: «si el Estado cumple la ley, se pelea con el mercado; si no la cumple, el mercado se pelea con los inquilinos». La pregunta de fondo es, ni más ni menos, qué rol va a desempeñar el Estado.
Las lógicas que tenemos hoy para pensar la problemática habitacional son las que heredamos de la última dictadura cívico militar. El gobierno militar de 1976, según explican Alejandro Gaggero y Pablo Nemiña en su artículo «La vivienda como inversión. Liberalización y dolarización del mercado inmobiliario durante la última dictadura militar», desreguló los precios de los alquileres y bajó los impuestos a la construcción, buscando activar la inversión inmobiliaria. Al año siguiente aparecieron los primeros avisos clasificados en los diarios que valuaban propiedades en dólares. El mercado, ante la incertidumbre, busca preservar el capital y la ganancia. En este momento, no solo los precios de los inmuebles están en dólares sino también los precios de los alquileres. Y los salarios siguen en pesos.
La desregulación del mercado de capitales y la liberalización de la economía permitieron ese primer pasaje de pesos a dólares. ¿Qué es lo que permite este segundo pasaje? Puede ser la inacción y la incapacidad, pero también, en un sentido más profundo, que se siguen concibiendo temas centrales como el derecho a la vivienda y el espacio público desde la perspectiva del mercado.
Es esta historia la que hoy marca la forma en la que pensamos el acceso a la vivienda (y el espacio público), en donde el Estado no participa y un derecho fundamental queda a merced del libre mercado. Entonces, ¿qué discutimos cuando discutimos la Ley de Alquileres? Hay una problemática, que queda en segundo plano cuando se discute la normativa, que tiene que ver con el acceso a la vivienda como un derecho, la naturalización de trabajar para sobrevivir y la rentabilidad ante todo, incluso ante los derechos humanos. Las lógicas del mercado han demostrado ser insuficientes para garantizar derechos.