Fuente: Cronista ~ El gobierno se ha mostrado confiado en que la Ley de Vivienda se aprobará en las próximas semanas.
En el primer lunes del año, el Gobierno ha anunciado que busca concretar la aprobación de la Ley de Vivienda, por la que han estado negociando arduamente en las últimas semanas.
La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha asegurado este lunes que se encuentran en la «recta final» de los intercambios por la nueva norma con los grupos parlamentarios. Según indicó, el objetivo del Gobierno de coalición es aprobarla en las próximas semanas.
El proyecto de Ley de Vivienda llevaba meses encallado en el Congreso porque, tras salir del Consejo de Ministros con un aparente acuerdo entre los socios de coalición, fue objeto de enmiendas por parte de Unidas Podemos insistiendo en poner tope al precio de los alquileres.
Ley de Vivienda: la confianza de Sánchez
En este contexto, Sánchez se ha mostrado confiada en ser capaces entre todos los grupos políticos de ultimar esas cuestiones que pueden quedar pendientes de negociación ya que tienen una «gran responsabilidad» con la ciudadanía.
La titular del departamento entiende que es una ley «absolutamente fundamental» para garantizar a todo el mundo el derecho a la vivienda, sobre todo a los más jóvenes, a la clase media trabajadora y a los más vulnerables que a día de hoy han vivido el acceso a la vivienda como un «auténtico drama».
Raquel Sánchez ha reconocido que se han incorporado observaciones pero que más que la «atribución de medallas» lo más importante es que se lleva mucho tiempo haciendo un trabajo ingente.
El objetivo, ha agregado, pasa por aprobar una ley que no tenga grietas jurídicas y ofrezca la máxima seguridad para evitar que se vea rodeada de numerosos recursos judiciales que debiliten su eficacia.
Por otra parte, ha indicado que se van a respetar las competencias de las comunidades autónomas, ya que es una línea roja que se autoimponen, y que están muy cerca de alcanzar un acuerdo, por lo que pide un esfuerzo conjunto para no defraudar a la ciudadanía.
Las claves de la ley de Vivienda
En líneas generales, con esta normativa, el gobierno prevé diferenciar las zonas de acuerdo al parámetro de «áreas tensionadas», que deberá ser solicitada por las Comunidades Autónomas en función de la evolución de los precios de alquileres en los últimos años, por encima de lo considerado «razonable».
Estas áreas podrían ser un barrio, un distrito, un municipio o una comunidad entera. Para ser «tensionadas», las áreas deberán haber contado con precios medios de arrendamiento que hayan crecido más de 5 puntos por encima del índice de precios al consumidor. Además, el importe debe representar más del 30% de los ingresos por hogar.
Para esas zonas, se diferenciará entre quien sea el propietario, si particulares o empresas con más de 10 viviendas (denominados como «grandes propietarios»).
Por otra parte, en el caso de los particulares, se impulsarán medidas fiscales, mientras que para las empresas habrá topes de precios. El inquilino podrá exigir una prórroga forzosa del contrato.
Si se trata de un dueño «gran propietario», el precio de la renta mensual se definirá en base a un índice de precios de alquiler, elaborado por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
Si se trata de un particular, el precio seguirá siendo libre, acordado por las partes y los propietarios tendrán incentivos fiscales para no aumentar.