Fuente: Clarín ~ La Legislatura porteña le dio este jueves el primer aval a la construcción de 11 edificios de unos 20 pisos en ocho barrios de la Ciudad.
Los legisladores aprobaron en primera lectura 11 convenios urbanísticos que el Ejecutivo porteño firmó con desarrolladores inmobiliarios. A cambio de que les permitan construir edificios de mayor volumen que lo que autoriza la normativa actual, los empresarios compensarán al Estado con dinero: entre todos los proyectos sumarán cerca de 30 millones de dólares.
Ese dinero se destinará al Fondo de Desarrollo Urbano Sustentable (FODUS), con el cual se financiará la compra o alquiler de viviendas en el Micro y Macrocentro, además de la reconversión de oficinas vacías en departamentos. El objetivo es recuperar el Centro porteño, la zona más golpeada por la pandemia y la crisis económica.
Los 11 convenios fueron aprobados en un paquete, por 33 votos del oficialismo, 18 en contra del kirchnerismo y la izquierda, y 5 abstenciones, de los legisladores del bloque oficialista que pertenecen a la Coalición Cívica.
Tras esta primera sanción, ahora deberán pasar por una audiencia pública obligatoria pero no vinculante, y luego por una segunda y definitiva aprobación. Según fuentes del oficialismo, esto podría suceder antes de fin de año.
Los convenios urbanísticos aprobados son para terrenos que quedan en Belgrano (3), Caballito (2), San Cristóbal, Núñez, Palermo, Colegiales, Villa Crespo y Balvanera, en la zona del Abasto.
En todos los casos, se trata de lotes en donde la normativa actual de edificación establece un determinado tope a la altura o la cantidad de metros cuadrados.
Para poder construir más, los desarrolladores pidieron una modificación en esos límites, y a cambio ponen el dinero para el FODUS.
Las alturas máximas ahora autorizadas en estos 11 convenios varían según cada proyecto, pero rondan los 70 metros, explicaron en la Legislatura. En ningún caso podrán superar la altura máxima que ya exista en la manzana, lo que se conoce como «enrase».
Estas iniciativas son parte de un paquete de 113 propuestas que el Ejecutivo está analizando tras recibirlos luego de una convocatoria a que los desarrolladores los presentaran, que se realizó entre marzo y mayo.
La aprobación de estos acuerdos con privados no estuvo exenta de polémica. Desde el oficialismo, los defendieron: «Los convenios urbanísticos en cuestión representan 6.000 puestos de trabajo, una reactivación del sector de la construcción y la modernización del tejido urbano-económico de la Ciudad», aseguró Daniel Del Sol, legislador de Vamos juntos y presidente de la Comisión de Planeamiento Urbano.
Pero desde la oposición los criticaron: «Estos convenios son excepciones a la carta que profundizan este proceso aumentando el valor del metro cuadrado en función de la especulación inmobiliaria, alejando la posibilidad de acceder a la vivienda y aumentando los alquileres”, aseguró el legislador kirchnerista Matías Barroetaveña.
Desde la oposición y algunas organizaciones ambientalistas se vienen oponiendo desde hace años a lo que consideran una «avanzada» del negocio inmobiliario en la Ciudad. Así, por ejemplo, lograron que la justicia porteña frenara con un recurso de amparo la iniciativa oficialista para construir edificios y un parque en los terrenos que hoy ocupan Costa Salguero y Punta Carrasco, en la Costanera Norte.
Otros proyectos, en pausa
La intención original del oficialismo era aprobar en la sesión de este jueves otros cinco convenios. Cuatro de ellos similares a los aprobados, pero para edificios en Barracas, Colegiales, San Telmo y Almagro. Pero los dejaron de lado porque dentro del propio interbloque oficialista hubo «cuestionamientos técnicos» a los proyectos, según explicaron fuentes legislativas.
El otro proyecto era el que más difusión había tenido. Un convenio que firmó la Ciudad con la empresa dueña del estacionamiento que queda en Córdoba y Reconquista. La idea es permitirle al privado hacer un edificio de la misma altura que el que tiene al lado (unos 20 pisos), del lado de avenida Córdoba.
A cambio, la firma (cuyo titular es Carlos Schargorosdky) cedía 5.000 m2 del terreno para la construcción de una plaza, que también financiaría.
El problema es que en la misma manzana está el convento de Santa Catalina, que fue fundado en 1745, es Monumento Histórico Nacional y uno de los edificios mejor conservados de la época colonial. De hecho, en 2013 la justicia porteña había frenado un proyecto para construir en todo el lote del estacionamiento porque podía dañarse el conjunto histórico.
Ahora, como algunos legisladores manifestaron su preocupación por ese tema, se decidió «postergar el proyecto para trabajarlo mejor», explicaron fuentes del oficialismo.
Exenciones para la construcción
Lo que sí se aprobó, por 35 votos a favor y 21 en contra, fue una prórroga a las exenciones de ciertos impuestos y tasas que pagan en la Ciudad los desarrolladores inmobiliarios.
Se trata de una eximición en los «derechos de alineación», de «generación de residuos áridos» y otras cargas que las empresas deben pagar cuando inician una obra.
Para intentar reactivar la construcción en plena pandemia, el año pasado se les otorgaron mayores plazos y beneficios. Ese beneficio terminaba ahora, y fue prorrogado hasta fin de marzo.