Fuente: La Nación ~ La mesa chica del jefe de gobierno porteño prepara los procedimientos para la reapertura de los proyectos en construcción de más de 2500 metros cuadrados cerrados desde hace dos semanas
Tras una semana de intenso trabajo con las diferentes cámaras del sector de la construcción, el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires trabaja en los últimos ajustes de la resolución que permitirá la reapertura de las obras de más de 2500 metros cuadrados cerradas desde hace dos semanas en el marco de las medidas de restricción por coronavirus.
Hoy por la mañana, representantes de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), de la Asociación Empresaria de la Vivienda (AEV), la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la UOCRA terminaron de consensuar con el Ministerio de Desarrollo Económico, la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que, entre otras funciones, se ocupa de fiscalizar las obras en construcción de la ciudad de Buenos Aires, y la secretaría de transporte y la de trabajo del Gobierno porteño, el documento que establece el nuevo protocolo. “Quien va a fiscalizar una vez abiertas que cumplan será la secretaría de trabajo”, aclaran fuentes de Gobierno de la Ciudad que también última los detalles de la disposición de la AGC. Las mismas establecerán las reglas para que los desarrolladores carguen en el portal “director de obras” de la AGC, a todos los empleados que viajarán en transporte privado. “No será una apertura directa de las obras sino que la AGC liberará el código QR a medida que los desarrolladores cumplimenten con la información ”, comentan fuentes del organismo. Teniendo en cuenta que las obras en construcción de más de 2500 metros cuadrados emplean al 70 por ciento del personal del sector y que poco más del 63 por ciento de ellos viene de la Provincia de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere asegurarse que el desplazamiento sea a través de transporte privado.
Entre las disposiciones el documento establece que las empresas deben gestionar el trámite a distancia (TAD) de permiso, un documento en el que los constructores declaran bajo juramento que respetan las nuevas disposiciones, es decir que todos sus empleados arribarán al lugar de trabajo sin la utilización del transporte público, asegurando la utilización de un medio de transporte alternativo, indicando la cantidad de trabajadores y trabajadoras y la información se la empresa que los trasladen. En el caso de utilizar más de uno, deberán discriminar las cantidades en función del tipo de traslado.
En el mismo portal (Director de Obra) de la AGC, el portal utilizado por los desarrolladores para informar el Inicio y los avances de la misma y el responsable de seguridad e higiene, deberá consignar el detalle de la nómina de personas que se desempeñan en la obra, incluyendo datos filiatorios de cada uno de ellos como nombre, apellido y DNI e indicar si viven en la ciudad o en la provincia de Buenos Aires. Todos los datos allí consignados tendrán carácter de declaración jurada.
Por otra parte, se incorporará dentro de los protocolos en el control de las obras, la pregunta de cómo arriban los trabajadores y trabajadoras de la construcción a su lugar de trabajo. A su vez se deberá verificar si lo que manifiestan los trabajadores coincidan con la declaración jurada presentada. “De esta manera nos irán liberando las obras a medida que presentemos el TAD y carguemos en el portal del Director de Obra. Debemos tener asegurado el transporte privado en las obras. Seamos responsables porque van a fiscalizar y estar atentos a que se cumpla”, comentan los desarrolladores en los grupos de chats entre colegas.
De todas formas, hay que tener en cuenta que la medida de restricción de aquellas obras de más de 2500 metros cuadrados tomada hace dos semanas atrás afectó a solo el 25% de las obras registradas en la ciudad de Buenos Aires. “De un total de 3000 obras privadas, 2300 siguieron en actividad, un 75% de las que están en ejecución, que emplean a alrededor de 22.000 personas -6500 procedentes de la ciudad de Buenos Aires y otras 15.000 de la provincia de Buenos Aires-, según las declaraciones juradas que los mismos constructores presentaron el año pasado a la AGC.