Fuente: Ámbito ~ Desde el sector de la construcción remarcaron la necesidad de extender los plazos del blanqueo de capitales, que se puso en marcha el 27 de abril y cuya primera etapa culminó el lunes pasado. Es que, advierten, la demora en la reglamentación dejó un margen de tiempo demasiado estrecho y que fue “casi impracticable adherirse”.
El régimen de blanqueo e incentivos fiscales destinado a la construcción se promulgó el 12 de marzo, pero la reglamentación por parte de la AFIP llegó recién a fines del mes pasado. Es por eso que quedaron pocos días hasta la finalización de la primera etapa (el 10 de mayo), en la que los interesados a ingresar pagaban un impuesto especial del 5%: a partir del lunes y hasta el 9 de junio, se podrá pedir el beneficio pagando una alícuota del 10% y, luego de esa fecha, habrá otros treinta días corridos en los que se deberá pagar un 20%.
Es en ese contexto que desde el sector de la construcción remarcan la necesidad de ampliar los plazos. “Lamentablemente, el tiempo físico no alcanzó. Porque desde que se implementó, había que abrir las cuentas que no estaban operativas en los bancos y, además, las transferencias tardan, por lo cual fue casi impracticable poder adherirse en este primer tramo del blanqueo”, señaló a Ámbito Alejandro Ginevra, Titular de GnvGroup y presidente de CAMESI (Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios).
“No obstante, está la posibilidad del nuevo tramo que, si bien se encareció a un 10%, no deja de ser interesante. Creo que quienes analizaban entrar, lo van a hacer igual. Algunos esperaban que el tramo anterior se extienda y, si no, entrarán en este nuevo tramo, que también se debería extender porque estamos muy sobre la fecha”, sostuvo Ginevra, ya que remarcó: “Cuesta tiempo en implementarse. Demora que los bancos abran las mismas cuentas. De hecho, conocemos casos de gente que fue a abrir las cuentas y en los bancos no sabían de qué le están hablando. Entonces, es un proceso que necesita ser aceitado y se necesita más tiempo”. Los plazos en cuestión, señaló el titular de CAMESI, están determinados por la ley, por lo que no se pueden modificar mediante una resolución de la AFIP.
De todas formas, Ginevra destacó la medida y confió en que puede ayudar a impulsar la actividad en el sector. De hecho, remarcó: “No obstante esta suba del 5% al 10%, hay desarrolladoras que le ofrecen a los clientes hacerse cargo de esa diferencia. Se abre una nueva negociación para que el desarrollador pague esa parte”.
El régimen en cuestión alcanza a obras privadas nuevas como construcciones, ampliaciones e instalaciones, entre otras.