Cierre de obras: bronca, chivos expiatorios y nuevos protocolos para abrirlas

Fuente: La Nación ~ El viernes pasado, en conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodriguez Larreta, anunció la decisión del Gobierno porteño de suspender las obras de más de 2500 metros cuadrados por tres semanas. La medida se enmarca en la necesidad de reducir los contagios y la circulación en el transporte público ante el aumento de los casos y el recrudecimiento de la situación sanitaria. Pero el anuncio, previsiblemente, causó un gran malestar en el sector.

A la hora de explicar por qué habilitaron a las obras en construcción de menos de 2500 m², desde el Gobierno de la Ciudad manifestaron que “las obras más pequeñas son las que están en manos de empresas con menos espalda financiera para sobrellevar los costos que implica dilatar los tiempos de una construcción”. Las fuentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que entre otras funciones, se ocupa de fiscalizar las obras en construcción de la Ciudad, detalló que, en números, un total de 2300 obras -de las que están declaradas- seguirán en actividad, casi el 75% de las que están en ejecución y que emplean a alrededor de 22.000 personas -6500 procedentes de la ciudad de Buenos Aires y otras 15.000 de la Provincia de Buenos Aires-, según las declaraciones juradas que los mismos constructores presentaron el año pasado a la AGC.

El enojo de las cámaras y de UOCRA no amainó durante el fin de semana, y el argumento es simple: si hay un segmento de la industria que genera poco contagio, y en el que es fácil controlar que así suceda, es el de las grandes obras. “Justamente las obras grandes son las que, con total seguridad, no utilizan transporte público, tienen estrictos protocolos de ingreso, turnos, vestuarios y comedores gracias a lo cual, con los costos extra que ello implica, ha hecho que los contagios en obra sean menores a cualquier otra actividad. Amén de ser las más fáciles de auditar”, dijo Carlos Spina, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV).

A través de un comunicado que se hizo público el sábado, la AEV junto a la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la República Argentina (CEDU) solicitaron que reconsidere esta medida lo antes posible. “Pretendemos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rehabilite todas las obras lo más pronto que la situación sanitaria lo permita, sobre todo a aquellas que acrediten tener medios propios para el desplazamiento de sus operarios”, solicitaron. Además, aclararon que el personal empleado en las obras utiliza transporte privado provisto por las propias empresas y no hace uso del transporte público.

Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, también dejó trascender su enojo: “No esperábamos semejante medida. Es inconsulta y llega después de muchos meses de trabajo conjunto. Por supuesto que siempre vamos a favor del diálogo, pero creo que ha sido una muy mala decisión. Es un golpe bajo para nuestra industria”, se quejó. “El perjuicio que esta medida genera es mayúsculo y nuestras empresas ya no están en condiciones de afrontarlo”, coincidió Damián Tabakman, presidente de la CEDU.

El carácter unilateral de la medida fue otro de los focos críticos. “Lo primero que nos sorprende, amén de una medida que consideramos errónea, es que fuera de un momento al otro”, agregó Spina.

Fuentes cercanas al Jefe de Gobierno insinuaron que la medida podría ser transitoria, y de hecho, convocaron a una mesa de diálogo a la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA, la Cámara de Desarrolladores Urbanos y la Asociación de Empresarios de la Vivienda para implementar un plan de trabajo de reapertura a medida que mermen los contagios por coronavirus. La expectativa es que la apertura se realice en etapas.

Con ese objetivo estuvieron ayer reunidos los representantes de las cámaras y de UOCRA junto a funcionarios del gobierno porteño. En una reunión larga y que comenzó ríspida, los representantes de la construcción llevaron las mismas quejas que plantearon públicamente y en los comunicados de las entidades.

El principal argumento del gobierno porteño se sostiene en que, por más que los desarrolladores de las grandes obras garantizan el transporte privado de sus empleados, aún así es imposible de controlarlo en su totalidad, y además se suma el movimiento generado por subcontratistas que asisten a las obras.

La solución, que no parece fácil ni inmediata, sería elaborar un protocolo mediante el cual las contratistas de la obra certifican formalmente que los trabajadores asisten al sitio por medios privados, casi siempre dispuestos por el mismo contratista. Podrían agregarse declaraciones juradas de los trabajadores y hasta un registro de las obras habilitadas. El control que en teoría debe realizar la fuerza pública en la vía pública es tercerizado hacia los desarrolladores, que lo realizan y certifican de forma privada. Ahí podría avanzarse en una apertura de obra por obra incluso, si la mitigación del virus lo permite, antes del plazo de tres semanas dispuesto por el decreto. Para una industria que sin obras no genera ingresos pero sí paga sobrecostos, cada día cuenta.

Lo cierto es que la liberación o no de las obras dependerá exclusivamente de la evolución de la situación sanitaria. Si los números de internaciones y contagios mejoran, seguramente habrá mayor predisposición para una liberación gradual por parte del gobierno porteño, volviendo sobre sus pasos en una medida que ya de por sí aplicó con desgano. La necesidad de anunciar algunos cierres, tanto a una parte de la ciudadanía como a un oficialismo nacional y bonaerense que protesta por la postura “aperturista” porteña, llevó a que inevitablemente tuvieran que haber chivos expiatorios. Ese parece ser el caso de las grandes obras. Si los números mejoran y el protocolo da aún más garantías, sería difícil para el gobierno porteño justificar la continuidad de los cierres. “En eso los funcionarios fueron claros: si los indicadores del sistema sanitario empeoran se va a cumplir el plazo. Si mejoran probablemente van a empezar a liberar antes, en la medida en que los desarrolladores asumamos los nuevos compromisos”, graficó uno de los participantes.

Por el momento, las reuniones continúan y ya hay consolidadas dos mesas de trabajo entre cámaras, UOCRA y gobierno porteño que están enfocadas en instrumentalizar un protocolo lo antes posible.

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