Fuente: Cronista ~ Los últimos indicadores oficiales y privados mostraron que la construcción se retrajo en noviembre y diciembre, pero los empresarios del sector esperan que la ejecución presupuestaria avance en el año electoral y que la actividad vuelva a crecer, a pesar del ajuste fiscal que el Gobierno lleva adelante desde mitad de 2022.
Eso sí: reclaman, cada vez con más vehemencia, que el Estado deje de atrasarse en los pagos y actualice más rápido los contratos de obra pública por la inflación.
El ajuste que lleva adelante el ministro de Economía, Sergio Massa, se focalizó en las transferencias discrecionales a provincias, que sirven como financiamiento para proyectos de obra pública que ejecutan las administraciones subnacionales con dinero de la Nación. Eso y la inflación, indicaron los constructores, «amesetaron» la actividad. Es el término que eligieron dos fuentes consultadas para quitarle dramatismo al freno.
El cierre de 2022
La construcción, enfatizan, cerró 2022 con crecimiento. Según el Indec, a pesar de la caída interanual de noviembre (-1,5%) que se replicaría en diciembre, la actividad registraba una expansión acumulada del 4,8%.
El índice Construya confirmó el freno. En diciembre, los despachos de cemento cayeron 11,5% interanual en la medición desestacionalizada. El índice se ubicó en un nivel tan bajo como el de diciembre de 2019. Pero el acumulado anual registró una expansión del 4,8 por ciento. Hasta noviembre, el empleo registrado en la construcción crecía 3,7% interanual, según el Ministerio de Trabajo.
«Vemos hace meses que la actividad empieza a amesetarse, pero no es nada dramático», dijo Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción. El Presupuesto 2023 dispuso fondos para obra pública equivalentes al 1,4% del PBI, algo similar a lo ejecutado en 2022. Desde ese punto de vista, dijo el empresario, habrá buen nivel de actividad.
Otro empresario del sector coincidió en que, si se cumple con lo presupuestado, «será un buen año, a pesar de esta meseta». Aunque ocurriría algo raro en años impares: «El Presupuesto 2023 tiene obras más grandes que el de 2022, como el Gasoducto Néstor Kirchner», afirmó la fuente.
«En Transporte, arranca la electrificación del tren San Martín en febrero, que son u$s 200 millones, están las obras en el Ferrocarril Mitre, también hay una obra grande en Santa Fe», enumeró. En otras palabras, en un año electoral, el asfalto, que permite ejecutar rápido obras bien visibles para los ciudadanos, no sería el rey.
La inflación y los atrasos
«Los problemas son la inflación, las redeterminaciones y los atrasos en los pagos», se quejó Weiss. El Gobierno Nacional pisó los pagos para frenar el gasto y comenzó a abonar entre 30 y 120 días después del vencimiento de la factura, indicaron constructores. Esto, con una inflación mensual de entre 5 y 6% y costos del dinero mayores por las tasas positivas, impacta en el contrato. «Entre una cosa y otra, un atraso de dos meses en el pago significa perder 15%», dijo Weiss.
Por eso, sostuvo otro empresario del sector, las obras más chicas se están frenando. Las pymes constructoras se «secan» por redeterminaciones que llegan tarde, atrasos y los crecientes costos de los materiales. El sector quiere negociar un nuevo sistema de actualización de contratos, con costos más acordes a los del sector que al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec. «Si el transporte de carga nos aumenta 50%, el Estado nos reconoce 20%, porque el rubro Transporte del IPC contempla el boleto de colectivo, que aumenta mucho menos», resumió Weiss.
La obra privada, stand by
La inflación también impacta en la obra privada, dijo Weiss. Sobre todo en las refacciones y construcciones particulares, donde el presupuesto familiar es más sensible a la escalada de los precios. El blanqueo de capitales para construir aportó u$s 200 millones en 2021 y u$s 300 millones en 2022. El acumulado suma apenas el 10% de la expectativa que tenían tanto el Gobierno como los desarrolladores al impulsar la medida: u$s 5000 millones volcados a la construcción de edificios.
El caudal de dólares no sería determinante para la actividad en medio de la incertidumbre política. El nuevo blanqueo que empuja el Gobierno no requiere ingresar el dinero al país, aunque hacerlo supone pagar una tasa menor. «Todavía no está claro qué impacto puede tener, pero en 2017, cuando se blanquearon u$s 100.000 millones y se recaudaron u$s 12.000 millones en impuestos, la gran mayoría de ese dinero quedó en el exterior», recordó Weiss.