Fuente: Cronista ~ La construcción, una de las pocas actividades quese mantuvo exenta de confinamiento, y salió mejor de la pandemia que frenó el ritmo económico en líneas generales, comienza a encender luces amarillas.
Con un costo favorable, durante la pandemia, quiénes tenían un ahorro en dólares se volcaron a la construcción y explotó la venta de lotes en todos los alrededores de las grandes ciudades. Por su parte, los que atesoraban pesos, aprovecharon para encarar obras de remodelación o refacción.
La inercia parece haber llegado hasta agosto, cuando la actividad mostró una caía de 2,1% en relación a julio, aunque en términos interanuales, los indicadores de coyuntura que confecciona el INDEC indicaron un avance de 7,3% en términos interanuales.
Además, luego de nueve meses de crecimiento interanual ininterrumpido, en octubre, se despacharon 1.136.644 toneladas de cemento, lo que representa una caída de 1,3% respecto del mismo mes del año pasado, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland (AFCP).
En este escenario, luego de una primera versión que no logró cubrir las expectativas del Gobierno, de repatriar 2000 millones de dólares y mucho menos la del sector privado -que prometió inversiones por u$s 5000 millones- en 2021, los empresarios volvieron a pedir una ley que motive el «blanqueo» de ahorros no declarados para dinamizar la actividad.
Tras su paso por el Congreso, la nueva herramienta para ingresar al blanqueo de la construcción quedó habilitada por la AFIP a fines de agosto, con tres etapas donde los beneficios se van reduciendo. El Decreto 522/2022 estableció un costo impositivo de 5% para quienes ingresen entre el 22 de agosto y el 19 de noviembre de este año; 10% desde noviembre hasta el 17 de febrero del año próximo y, por último, 20% entre febrero y el 17 de agosto de 2023.
En ese sentido, aunque se bajó la expectativa de ingreso de divisas a entre 4000 y 4500 millones, a menos de dos semanas del vencimiento de la primera etapa – la más atractiva-, según datos de la AFIP, ingresaron $ 7.592.527.171 (u$s 40 millones), lo que representa una recaudación de $ 379.626.359.
Aunque en el Gobierno aseguran que es «poca plata» -menos del 1% de lo estimado-, también aceptan que «en este momento todo suma» y confían en que se pueda sumar algo más antes del último día hábil previo al cierre del primer ciclo, el próximo viernes 17 de noviembre.
Un sector parado
«El blanqueo está ayudando a que haya más inversores», dijo Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) pero aclaró que «si hay muchos inversores para construir edificios, pero de la otra punta no hay compradores, por más incentivo que uno dé es difícil que se desarrolle el mercado».
«La realidad es que Argentina, por los motivos conocidos, no tiene créditos hipotecarios. Entonces, la gente que necesita comprar para vivir no tiene acceso a viviendas porque no hay financiamiento«, apuntó Weiss en declaraciones a El Cronista y destacó que «en todos los países con mayor estabilidad, no necesariamente los desarrollados que obviamente lo tienen instalado hace mucho tiempo, la gente puede acceder a un crédito hipotecario a 30 años pagando una cuota no mayor al valor de un alquiler».
En ese sentido, también dijo que la inversión en ladrillos perdió atractivo porque bajaron los márgenes de rentabilidad con la ley de alquileres y, por otro lado, contó que CAMARCO presentó en el Congreso un proyecto de créditos hipotecarios que ajusta con el coeficiente de variación salarial (CVS), y no con UVAs pero «está frenado».
«Los desarrollos que se ven activos hoy son proyectos iniciados hasta 3 o 4 años atrás», contó y advirtió que «hoy se vende muy poco y con descuentos muy importante; los desarrolladores están haciendo ofertas muy agresivas, bajando mucho los precios de venta, para poder terminar los edificios».
El empresario que años atrás mantuvo contrapuntos con la ex presidenta y actual vice, Cristina Kirchner, valoró el diálogo con el Gobierno y los esfuerzos por resolver problemas que ponen en riesgo la obra pública, pero advirtió que los tiempos de la administración pública no son «compatibles» con el de los contratos que «están muy deteriorados» frente a la inflación.
Además, en las últimas horas, la cámara que agrupa empresarios de la construcción cuestionó la decisión del Gobierno de derivar el 30% de la obra pública nacional de hasta $300 millones a cooperativas de la economía popular (que están referenciadas en los movimientos sociales), a través de los mecanismos habituales de contratación previstos por el Estado.
«La consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas pymes constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores», describió CAMARCO en un comunicado donde advirtió que la medida pone a las pymes constructoras «en peligro de extinción» frente a la «competencia desleal de cooperativas informales en la obra pública».