Fuente: ámbito – El proyecto fue validado con el apoyo de todos los partidos políticos integrantes, luego de varios meses de discusión.
Luego de varios meses de discusiones, la Comisión de Constitución, Códigos, Legislación General y Administración de la Cámara de Diputados aprobó la ley del operador inmobiliario, que busca regular la actividad en el sector, con el apoyo de todos los partidos políticos integrantes.
Durante el día de ayer, la comisión fue convocada para tratar la regulación del operador inmobiliario, entre otras temáticas, dejando aprobada la ley. Informate más
El diputado del Partido Nacional (PN) por el departamento de Maldonado, Diego Echeverría, celebró la aprobación del proyecto «después de meses de trabajo y con el apoyo de todos los partidos».
«Hoy votamos en comisión esta ley, que es una reivindicación de ese sector de la economía del país», señaló el legislador al respecto, quien añadió que, a partir de ahora, «profesionalizar, transparentar y dar certezas» serán una realidad en el sector inmobiliario.
¿Cuáles son los puntos destacados de la ley?
En su artículo 1, se establece que el objeto de la ley es el de regular el ejercicio de la actividad profesional a nivel inmobiliario, la cual está desarrollada por agentes, brókers, comisionistas, corredores, empresas prestadoras o prestadores de servicios inmobiliarios y turísticos, y operadores.
A partir de la misma, todos ellos serán aglutinados como «operadores inmobiliarios» en el marco de la defensa de la libre competencia. Además de la definición, se dejan establecidos los requisitos para ejercer como tal, así como sus derechos y sanciones previstos de obligaciones por el incumplimiento de la normativa.
Asimismo, la iniciativa legislativa declara de interés general y nacional la actividad inmobiliaria por su contribución al desarrollo de la economía del país.
Entre los otros puntos destacados, el artículo 8 crea el Registro Nacional de Operadores Inmobiliarios, que funcionará en la órbita del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y será administrado por una comisión honoraria compuesta por tres integrantes del Poder Ejecutivo, así como dos integrantes de las gremiales representativas del sector.