Fuente: Clarín – Después de la aprobación de La Ley de Bases y el paquete fiscal, las inmobiliarias están pidiendo que el Poder Ejecutivo incorpore en la reglamentación la posibilidad de que se destinen los fondos del blanqueo a la compra de inmuebles usados.
Formalmente, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) envió una nota al presidente Javier Milei y al ministro Luis Caputo con el pedido que incluye la idea de que la compra de propiedades usadas no pague la alícuota del 5% prevista en la legislación.
Sucede que el régimen de regularización de activos exime del pago de multas a quienes declaren hasta US$ 100.000, mientras que para montos mayores establece alícuotas progresivas que van del 5% al 15%.
Iván Ginevra, presidente de la Cámara, explica que «la ley prevé que algunos destinos del blanqueo estén exentos de pagar impuestos y deja abierto a que el Poder Ejecutivo defina otros destinos que también pueden estar eximidos, (como la adquisición de certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos de inversión productiva o la suscripción de cuotapartes de fondos comunes de inversión, entre otros).
En este sentido, el texto señala que “el Poder Ejecutivo podrá adicionar otros destinos a los previstos anteriormente, que tengan por finalidad incentivar la inversión productiva del país o promover la inversión productiva de pequeñas y medianas empresas en las provincias de menor grado de desarrollo relativo o fomentar el crédito de las mismas”.
Precisamente, según Alejandro Bennazar, referente del sector, «sería muy importante el blanqueo para las obras nuevas con primer escritura y también para las propiedades usadas, porque esto además generaría muchísima mano de obra rápida por el gran volumen que hay. Sería una activación para más de 100 rubros vinculados al sector inmobiliario», apuntó.
Textualmente, la nota de la entidad señaló: «La Cámara Inmobiliaria Argentina solicitó al Poder Ejecutivo nacional incorporar en la reglamentación de la ley o mediante el mecanismo que considere propicio la posibilidad de destinar fondos provenientes del Régimen de regularización de activos a inversiones en inmuebles usados, eximiéndolas de la alícuota establecida en dicho régimen».
«El objetivo de la propuesta es darle dinamismo a un sector determinante para el desarrollo de la Nación, siendo el sector inmobiliario el principal promotor del acceso a la vivienda de los ciudadanos de este país», continuó la misiva.
«La posibilidad de destinar fondos blanqueados a la compra de vivienda usada exceptuándose del pago de la alícuota del 5% significa un mayor incentivo para movilizar ahorros y generar ingreso de fondos en la economía formal, por lo tanto, generando una mayor base de recaudación para el Estado y mayor capacidad de inversión para quienes logren vender sus inmuebles gracias a este mecanismo de incentivo», justificó el pedido.
El sector inmobiliario viene intentando reactivarse no sólo con el blanqueo de capitales sino también apostando al regreso del crédito hipotecario. El último dato relevado del Colegio de Escribanos de la Capital Federal mostró que, en mayo (aún sin el impacto de los nuevos créditos) la venta de propiedades registró su nivel más alto en seis años con 4.590 escrituras. Esto significó un aumento interanual del 36%.
Sumado a esto, en junio, de acuerdo con un reciente informe de First Capital Group, los créditos hipotecarios, incluídos los ajustables por inflación/UVA, tuvieron una suba del 5,4% respecto del mes anterior y acumularon una suba interanual del 45,8% en términos nominales.
Sin embargo, el sector viene de años de mucha contracción y caída de precios, con lo cual, las inmobiliarias creen que el blanqueo es un ingrediente que ayudaría a que el sector empiece a despegar.