Fuente: Cronista – El Consejo Federal de CAMARCO emitió un comunicado donde se expresó en contra de la entrega del 30% de la obra pública nacional a los grupos piqueteros.
Luego de que el Gobierno Nacional decidiera entregarle $ 300 millones en obra pública a las organizaciones sociales, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) se expresó en oposición de esta medida porque las cooperativas en «la práctica son informales».
«La consecuente competencia desleal condenará a la inactividad y a la ruina a numerosas empresas PyMEs constructoras de todo el país, las que trabajan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores», aseguraron desde CAMARCO.
El principal punto de disidencia está en las obligaciones que deben tener las organizaciones sociales que nuclean programas de Potenciar Trabajo en las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular que se rigen con distintas normas que las empresas privadas del sector.
Las críticas a la iniciativa
Desde la Cámara de la Construcción advirtieron en este sentido que «la medida dispuesta será un incentivo al trabajo informal en fraude a las normas laborales y previsionales vigentes y condenará a las empresas formales que deben atender costos salariales un 54% superiores a los atendidos por una pseudo-cooperativa».
«Es la experiencia acumulada que esa figura es usada para cometer un verdadero y generalizado fraude laboral, pues los supuestos ‘cooperativistas’ no lo son, sino que son trabajadores dependientes encubiertos, informales. Así se evaden los aportes y contribuciones al sistema sanitario y previsional por esos trabajadores», opinaron desde CAMARCO.
Obra pública a las cooperativas: Qué decidió el Gobierno
El Gobierno nacional dispuso ayer el otorgamiento del 30 por ciento de la obra pública nacional, mediante los mecanismos habituales de contratación previstos por el Estado, a cooperativas de la economía popular y movimientos sociales.
Esta además estipula que en los procesos licitatorios se dará preferencia a las empresas oferentes que cuenten con un mínimo del 5 por ciento de su planta conformada por trabajadores enmarcados en el programa «Puentes de Empleo» y dio un plazo de 60 días para la designación de los representantes de los diferentes sectores que componen el llamado Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario.
La medida, según los fundamentos de la normativa, promueve en favor de las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular la realización de obras de hasta $ 300.000.000, monto que será actualizado conforme lo disponga la autoridad de aplicación, y tomando como indicativas las especialidades de dichas Cooperativas.