Obras en construcción cerradas: el sector advierte que corren peligro los puestos de trabajo
Fuente: La Nación ~ La decisión del Gobierno porteño de suspender las obras de más de 2500 metros cuadrados por tres semanas causó malestar en el sector de la construcción. A través de un comunicado, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la República Argentina (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda de la República Argentina (AEV) solicitaron que reconsidere esta medida lo antes posible. “Pretendemos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rehabilite todas las obras lo más pronto que la situación sanitaria lo permita, sobre todo a aquellas que acrediten tener medios propios para el desplazamiento de sus operarios”, solicitaron. Además de aclarar que el personal empleado en las obras utiliza transporte privado provisto por las propias empresas y no hace uso del transporte público.
Por otra parte, destacaron que las mismas empresas realizan testeos continuos al personal. “El perjuicio que esta medida genera es mayúsculo y nuestras empresas ya no están en condiciones de afrontarlo”, destacó Damián Tabakman, presidente de la CEDU. En la misma línea, el presidente de la AEV, Carlos Spina, agregó que: “la decisión no es apropiada pues justamente las obras grandes son las que, con total seguridad, no utilizan transporte público, tienen estrictos protocolos de ingreso, turnos, vestuarios y comedores gracias a lo cual, con los extra costos que ello implica, ha hecho que los contagios en obra sean menores a cualquier otra actividad. Amén de ser las más fáciles de auditar”.
La Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la UOCRA también manifestaron su rechazo a la medida: “Los contagios en las obras no llegan a 7000, sobre una base de más de 320.000 trabajadores de la industria y la gran mayoría se produce fuera del ámbito de trabajo y de transporte”, argumentaron en un comunicado y advirtieron que el “sector de la construcción ha sido pionero en el país en la constitución de un protocolo estricto que ha permitido trabajar con seguridad minimizando los contagios, que no llegan a 7000, sobre una base de más de 320.000 trabajadores de la industria. La mayoría se produce fuera del ámbito de trabajo y de transporte”, argumentaron. Al mismo tiempo que alertaron que la medida tendrá un fuerte impacto en las empresas y en los trabajadores, venimos de un año que fue sin dudas uno de los más duros de nuestra historia con una fuerte pérdida de empleo. En la Ciudad tenemos 62.000 trabajadores luego de haber perdido 22.000 en la primera etapa de la pandemia, sin actividad hasta octubre, y recuperado 10.000 luego del reinicio. Esta medida nos vuelve a poner en una situación de riesgo”.
También la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) advirtió que la suspensión de obras privadas de más de 2.500 metros cuadrados que dispuso el Gobierno porteño “volverá a causar un nuevo retroceso y retracción del mercado inmobiliario”, afirmó el titular de la cámara, Alejandro Ginevra. En un comunicado remarcó que “el personal afectado a la construcción no está utilizando el transporte público desde el inicio de la pandemia. Estamos sorprendidos porque son medidas inconsultas”, añadió. CAMESI recordó que “el mercado inmobiliario viene golpeado desde antes de las restricciones y tuvo una caída histórica en 2020, año en el que prácticamente estuvo congelado por los alcances de la ley de alquileres, las medidas que impedían las mudanzas, la prórroga de los alquileres y la imposibilidad de contar con nuevas unidades por la parálisis de la construcción. ”Que no se pueda avanzar en la construcción de nuevas unidades significa que por segundo año consecutivo vamos a tener menos propiedades para la venta y el alquiler. Lo que significa un achique de la oferta y un aumento en los precios, algo que no le conviene a nadie. Esto podría ser la estocada final para muchas empresas de construcción”, advirtió la entidad.
La medida del Gobierno porteño que busca disminuir “aún más circulación” sería transitoria, según fuentes cercanas el jefe porteño. De hecho, ya convocó a una mesa de dialogo a la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA, la Cámara de Desarrolladores Urbanos y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) para implementar un plan de trabajo de reapertura a medida que mermen los contagios por coronavirus. La expectativa es que la apertura se realice en etapas.
A la hora de explicar por qué habilitaron a las obras en construcción de menos de 2500 metros cuadrados, desde el Gobierno de la Ciudad manifestaron que “seguirán en funcionamiento las obras más pequeñas porque son las que están en manos de empresas con menos espalda financiera para sobrellevar los costos que implica dilatar los tiempos de una construcción”. Las fuentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que entre otras funciones, se ocupa de fiscalizar las obras en construcción de la ciudad de Buenos Aires detalló que, en números, un total de 2300 obras –de las que están declaradas- seguirán en actividad, casi el 53 por ciento de las que están en ejecución y que emplean a alrededor de 22.000 personas -6500 procedentes de la ciudad de Buenos Aires y otras 15.000 de la Provincia de Buenos Aires-, según las declaraciones juradas que los mismos constructores presentaron el año pasado a la AGC.
Por otra parte, y si bien no se aclaró que sucederá con aquellas obras que se encuentran en etapa de demolición y excavación –más allá de su metraje-, todo indicaría que podrían seguir con la actividad como una forma de mitigar el riesgo ya que se trata de obras que no pueden quedar durante mucho tiempo detenidas porque corren riesgo de derrumbe.
Las manifestaciones de disconformidad no tardaron de llegar también a las redes. En primera persona, el empresario, Gerardo Azcuy, titular de la desarrolladora homónima publicó una carta en la que expresó su preocupación:
“El año pasado tuvimos 6 meses nuestras obras paradas, no obstante, mantuvimos 250 puestos de trabajo. Cuando pudimos reactivarlas, incorporamos todos los protocolos. Contratamos servicios de micros y adquirimos camionetas para que ningún trabajador dependa del transporte público. Los desarrolladores venimos absorbiendo estos costos extras, a los cuales se agrega que recientemente afrontamos subas impositivas. No es un dato menor que todo esto sucede mientras el mercado transita su tercer año de tendencia a la baja. Ahora, nos sorprendimos con los anuncios de nuevos cierres que, si bien en principio durarían 21 días, sabemos que estos períodos suelen renovarse. Las compañías del sector no pueden afrontar más perjuicios, consecuencia de mantener puestos de trabajo y gastos fijos sin producción, además de cumplir con la doble indemnización en el caso extremo de no poder solventar una posición. Es vital rever estas medidas. Mantener abiertas las obras chicas donde se presentan más situaciones de informalidad y cerrar las de mayor metraje, en las que se cumplen todos los protocolos, no es lógico. La actividad de la construcción es indispensable para reactivar la economía. Sigamos cuidándonos y cuidemos también los miles de puestos de trabajo que genera. Las obras no contagian”, afirmó.
