Fuente: Cronista – El modelo, que adoptará la Argentina durante la era Milei, ya generó inversiones por u$s 28.000 millones en el país trasandino.
«No hay plata«. La frase dicha por el presidente Javier Milei baja en cascada y baña a todos los funcionarios del a nueva administración. En el caso del ministerio de Infraestructura que lidera Guillermo Ferraro, impacta directamente sobre las obras en marcha y planificadas en la Argentina.
El tema no es menor. Actualmente, hay 7.266 obras en total. 2.329 se encuentran en ejecución y los 518 restantes, en circuito. A eso se le suman 676 proyectos en proceso de evaluación y aprobación según datos de la Cámara Argentina de la Construcción.
La solución adelantada por el propio Milei durante la campaña electoral, pasa por el modelo chileno de obra pública.
Este programa arrancó en 1993 cuando el presidente Patricio Aylwin decidió privatizar la mayor parte del sistema de obras públicas de Chile para reducir el gasto público y el déficit fiscal.
Las cifras están a la vista: en los 30 años de vigencia del plan se firmaron 110 contratos. De ellos, 53 fueron para autopistas, 26 de aeropuertos, 15 hospitales y cárceles, cuatro de represas y otros 12 en obras como el Movistar Arena o el Centro Cultural Palacio de La Moneda. La inversión total se estima en u$s 28 mil millones, según datos de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública de Chile (Copsa).
Esta figura configuró la asociación público-privadas, donde el contrato para la ejecución de infraestructura pública se caracteriza por la modalidad de pago del contratista denominado derecho de explotación.
Financiación privada
El objetivo es que capitales privados financien la infraestructura deficitaria, la cual es considerada económicamente rentable, permitiendo recuperar a estas figuras público-privadas recuperar su inversión a través del cobro directo de una tarifa a los usuarios.
Según Hernán de Solminihac, profesor titular Ingeniería UC, miembro Clapes UC y presidente Colegio de Ingenieros de Chile, «por más de 30 años, el sistema de concesiones chileno ha sido un pilar en el desarrollo de la infraestructura pública. Milei destaca acertadamente que este enfoque liberaría recursos públicos, redirigiéndolos hacia sectores con mayores necesidades, como la educación o salud. Sin embargo, la implementación de este modelo debe sopesarse cuidadosamente«.
A juicio del experto, «el modelo de concesiones en Chile ha permitido una activa participación del sector privado en la construcción de infraestructura pública, liberando fondos estatales para otras áreas críticas. Es esencial resaltar que esta asociación no significa que el Estado se desentienda de su responsabilidad; por el contrario, debe ser un actor activo y garante del proceso».
Para Carlos Aparicio, ingeniero y docente chileno de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Alberto Hurtado de Chile, «con una concesión el privado construye y recibe el derecho de explotar una inversión. Se licita la obra de infraestructura entre empresas, con las cuales el Estado firma un contrato: las empresas se hacen cargo de gastos y actividades para que la prestación funcione como estaba planeado, siempre con seguimiento de autoridades (garantes).
Generalmente, se instalan tasas, tarifas especiales o peajes para explotar esa obra y obtener una remuneración por acciones como iluminación, señalización y la mantención de los caminos».
Por caso, si una empresa hace una autopista, se queda con el derecho a cobrar peajes por 20 o 35 años. Finalizado este tiempo, el Estado puede hacerse cargo del servicio o iniciar una nueva licitación para su explotación y manteamiento.
«Hoy la red caminera de Chile es reconocida como una de las mejores de América Latina, y se han construido 20 hospitales concesionados, 10 cárceles. Es parte del éxito, y a la vez ha permitido que los recursos públicos que se podían haber destinado para esos fines, hayan sido destinados a mejorar la infraestructura complementaria», explicó Aparicio.
«Chile tiene hoy 80 mil kilómetros de caminos pavimentados, de los cuales 3.000 son concesionados. Pero los recursos liberados para el Estado, «han permitido mejorar del orden de 10 a 12 mil kilómetros de la red alternativa», aseguró Carlos Cruz, director ejecutivo del Consejo de Políticas de Infraestructura y exministro de Obras Públicas del Gobierno del expresidente chileno Ricardo Lagos (2000-2006).