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Los empresarios proponen un esquema de transporte privado para los trabajadores del sector que permita un estricto régimen de control

A principios de semana, el sector de la construcción salió a criticar fuerte la medida implementada por el gobierno porteño de suspender la actividad en obras privadas de más de 2.500 metros cuadrados por entender que los emprendimientos no son fuente de contagio y expansión del coronavirus.

La postura fue canalizada por la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) a las autoridades del gobierno que conduce Horacio Rodriguez Larreta durante una reunión solicitada por la entidad con funcionarios locales.

En ese encuentro no hubo mayores avances para volver a liberar las obras. De hecho, se vivieron momentos de tensión dada la falta de diálogo previa a la toma de la decisión oficial y a partir de las consideraciones de los empresarios para quienes la medida fue catalogada como «un golpe bajo».

Así lo calificaron fuentes del sector, quienes recordaron «el trabajo permanente que esa industria viene haciendo, siendo pioneros en la diagramación y aplicación de protocolos«.

La respuesta del Gobierno porteño llegó durante la jornada de este lunes 3 mayo a través de una medida publicada en el Boletín Oficial de ese día que recuerda las disposiciones locales y las medidas generales de prevención adoptadas para evitar la propagación del Covid-19 y su impacto sanitario.

También se recuerda que el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció mediante el Decreto N° 154-GCABA-AJG/2021 la suspensión de las actividades del sector de la construcción, en obras privadas de más de 2500 m2 hasta el 21 de mayo inclusive. Y aclara la necesidad de «asegurar el cumplimiento de las medidas de seguridad propias de la obra, hacia terceros y hacia la vía pública, por lo que deviene necesario otorgar un plazo a fin de que aquellas tareas puedan ser ejecutadas».

Ese período de tiempo será de 48 horas para que el sector lleve a cabo las tareas necesarias para extremar las medidas de seguridad, durante el período de suspensión de las obras.

Para las autoridades, el objetivo de la restricción se basa en disminuir el uso del transporte público y la cantidad de gente utiliza esos servicios, que ha ido en aumento.

La construcción negocia retomar las obras en la Ciudad

Principio de acuerdo

Pero, a partir del disconformismo que los representantes de esta industria evidenciaron y del pedido de ayuda económica para seguir adelante con la medida, el gobierno porteño estaría dispuesto a revertir la prohibición.

La condición sería que las empresas constructoras logren certificar de alguna manera el no uso de transporte público, lo cual derivó en una reunión de urgencia de los miembros de Camarco para deliberar sobre la propuesta y cerrar un esquema de aplicación.

La idea sería implementar un régimen de control del uso del trasporte privado, en principio solo del contratista principal, para así poder retomar las obras a la brevedad, incluso antes del plazo de la suspensión.

Horacio Rodriguez Larreta suspendió las obras de más de 2.500 m2 en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires 

En el encuentro, que se llevará a cabo este martes 4 de mayo, se tratará de agilizar y definir metodologías y procedimientos adecuados para cumplir con esa premisa.

De todos modos, los empresarios recuerdan que la construcción, a través de la Camarco y la Uocra, viene cumpliendo con estrictos protocolos que les han permitido trabajar con seguridad minimizando los contagios, los que no llegan a 7.000, sobre una base de más de 320.000 trabajadores de la industria.

En su momento, el presidente de Camarco, Iván Szczech, había remarcado que «los datos demuestran que las obras no contagian y nuestro transporte tampoco, por el contrario, son un espacio de detección de casos que se producen fuera del ámbito laboral y permiten aislar casos sospechosos».

El empresario había recordado que, durante la cuarentena anterior en la Ciudad se había perdido 22.000 puestos de trabajo de los cuales luego se recuperaron 10.000 gracias al reinicio de las actividades.

Fuente: La Nación ~ El viernes pasado, en conferencia de prensa, el Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodriguez Larreta, anunció la decisión del Gobierno porteño de suspender las obras de más de 2500 metros cuadrados por tres semanas. La medida se enmarca en la necesidad de reducir los contagios y la circulación en el transporte público ante el aumento de los casos y el recrudecimiento de la situación sanitaria. Pero el anuncio, previsiblemente, causó un gran malestar en el sector.

A la hora de explicar por qué habilitaron a las obras en construcción de menos de 2500 m², desde el Gobierno de la Ciudad manifestaron que “las obras más pequeñas son las que están en manos de empresas con menos espalda financiera para sobrellevar los costos que implica dilatar los tiempos de una construcción”. Las fuentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC), que entre otras funciones, se ocupa de fiscalizar las obras en construcción de la Ciudad, detalló que, en números, un total de 2300 obras -de las que están declaradas- seguirán en actividad, casi el 75% de las que están en ejecución y que emplean a alrededor de 22.000 personas -6500 procedentes de la ciudad de Buenos Aires y otras 15.000 de la Provincia de Buenos Aires-, según las declaraciones juradas que los mismos constructores presentaron el año pasado a la AGC.

El enojo de las cámaras y de UOCRA no amainó durante el fin de semana, y el argumento es simple: si hay un segmento de la industria que genera poco contagio, y en el que es fácil controlar que así suceda, es el de las grandes obras. “Justamente las obras grandes son las que, con total seguridad, no utilizan transporte público, tienen estrictos protocolos de ingreso, turnos, vestuarios y comedores gracias a lo cual, con los costos extra que ello implica, ha hecho que los contagios en obra sean menores a cualquier otra actividad. Amén de ser las más fáciles de auditar”, dijo Carlos Spina, presidente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV).

A través de un comunicado que se hizo público el sábado, la AEV junto a la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos de la República Argentina (CEDU) solicitaron que reconsidere esta medida lo antes posible. “Pretendemos que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires rehabilite todas las obras lo más pronto que la situación sanitaria lo permita, sobre todo a aquellas que acrediten tener medios propios para el desplazamiento de sus operarios”, solicitaron. Además, aclararon que el personal empleado en las obras utiliza transporte privado provisto por las propias empresas y no hace uso del transporte público.

Iván Szczech, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, también dejó trascender su enojo: “No esperábamos semejante medida. Es inconsulta y llega después de muchos meses de trabajo conjunto. Por supuesto que siempre vamos a favor del diálogo, pero creo que ha sido una muy mala decisión. Es un golpe bajo para nuestra industria”, se quejó. “El perjuicio que esta medida genera es mayúsculo y nuestras empresas ya no están en condiciones de afrontarlo”, coincidió Damián Tabakman, presidente de la CEDU.

El carácter unilateral de la medida fue otro de los focos críticos. “Lo primero que nos sorprende, amén de una medida que consideramos errónea, es que fuera de un momento al otro”, agregó Spina.

Fuentes cercanas al Jefe de Gobierno insinuaron que la medida podría ser transitoria, y de hecho, convocaron a una mesa de diálogo a la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA, la Cámara de Desarrolladores Urbanos y la Asociación de Empresarios de la Vivienda para implementar un plan de trabajo de reapertura a medida que mermen los contagios por coronavirus. La expectativa es que la apertura se realice en etapas.

Con ese objetivo estuvieron ayer reunidos los representantes de las cámaras y de UOCRA junto a funcionarios del gobierno porteño. En una reunión larga y que comenzó ríspida, los representantes de la construcción llevaron las mismas quejas que plantearon públicamente y en los comunicados de las entidades.

El principal argumento del gobierno porteño se sostiene en que, por más que los desarrolladores de las grandes obras garantizan el transporte privado de sus empleados, aún así es imposible de controlarlo en su totalidad, y además se suma el movimiento generado por subcontratistas que asisten a las obras.

La solución, que no parece fácil ni inmediata, sería elaborar un protocolo mediante el cual las contratistas de la obra certifican formalmente que los trabajadores asisten al sitio por medios privados, casi siempre dispuestos por el mismo contratista. Podrían agregarse declaraciones juradas de los trabajadores y hasta un registro de las obras habilitadas. El control que en teoría debe realizar la fuerza pública en la vía pública es tercerizado hacia los desarrolladores, que lo realizan y certifican de forma privada. Ahí podría avanzarse en una apertura de obra por obra incluso, si la mitigación del virus lo permite, antes del plazo de tres semanas dispuesto por el decreto. Para una industria que sin obras no genera ingresos pero sí paga sobrecostos, cada día cuenta.

Lo cierto es que la liberación o no de las obras dependerá exclusivamente de la evolución de la situación sanitaria. Si los números de internaciones y contagios mejoran, seguramente habrá mayor predisposición para una liberación gradual por parte del gobierno porteño, volviendo sobre sus pasos en una medida que ya de por sí aplicó con desgano. La necesidad de anunciar algunos cierres, tanto a una parte de la ciudadanía como a un oficialismo nacional y bonaerense que protesta por la postura “aperturista” porteña, llevó a que inevitablemente tuvieran que haber chivos expiatorios. Ese parece ser el caso de las grandes obras. Si los números mejoran y el protocolo da aún más garantías, sería difícil para el gobierno porteño justificar la continuidad de los cierres. “En eso los funcionarios fueron claros: si los indicadores del sistema sanitario empeoran se va a cumplir el plazo. Si mejoran probablemente van a empezar a liberar antes, en la medida en que los desarrolladores asumamos los nuevos compromisos”, graficó uno de los participantes.

Por el momento, las reuniones continúan y ya hay consolidadas dos mesas de trabajo entre cámaras, UOCRA y gobierno porteño que están enfocadas en instrumentalizar un protocolo lo antes posible.

Fuente: Clarín ~ El blanqueo de la capitales para dinamizar al sector de la construcción que impulsa el Gobierno es considerada una herramienta positiva para la actividad. Sin embargo, «las autoridades deberían reevaluar y extender los plazos de los vencimientos, al menos del primer tramo del blanqueo ya que el lapso desde el momento en que se puso a disposición la reglamentación del régimen es muy corto».

A esa conclusión llegaron expertos en impuestos del Grupo GNP (Consultoría Tributaria y de Negocios) quienes la semana pasada nuclearon -en una reunión virtual- a un centenar de desarrolladores para explicarles minuciosamente los términos del sinceramiento oficial para las nuevas obras.

Sucede que el plazo que establece el blanqueo dispuesto en la ley 27.613 y el decreto 244/2021 es de 120 días a partir del 12 de marzo. Como las reglamentaciones de la AFIP (RG4976/2021, de la CNV, RG 844/2021 y del BCRA (comunicación A 7269) salieron hace pocas horas, se perdió mucho tiempo”, señaló Guillermo Perez, presidente y CEO de GNP. En especial le quedan menos días a quienes tenían pensado ingresar al blanqueo en el primer tramo, pagando un tributo del 5% que vence el 10 de mayo.

La exteriorización de fondos contempla tres instancias para aplicar a los proyectos inmobiliarios: para quienes ingresen al sistema hasta el 10/5, la alícuota del impuesto a pagar por el blanqueo es del 6%;  desde el 11/5 al 9/6, del 10% y desde el 10/6 al 9/7/2021, la alícuota asciende al 20%.

Si bien ya es posible abrir la cuenta CECON.Ar y depositar los fondos en moneda nacional o extranjera que se quieren blanquear. Todavía  no se pueden invertir los fondos en los proyectos porque el Registro de Proyectos Inmobiliarios (REPI), que la AFIP puso en marcha el martes pasado, recién va a estar disponible desde el 7 de junio.

«Por eso, creemos que esta situación amerita que haya una prorroga de al menos un mes. Además, la ley faculta a los funcionarios para hacerlo”, coincidió Sebastian Mancuso, socio de la misma consultora..

Durante la presentación, se dieron todos los detalles acerca de cómo es el mecanismo para quienes quieran adherir al blanqueo. Entre otros puntos surgió el tema del «rulo financiero» que el sistema permite para que los adherentes tengan un beneficio extra» y se puedan ahorrar un 40% en el pago del impuesto.

Sucede que, para pagar el gravamen la AFIP toma los dólares que el contribuyente deposita en las cuentas especiales al tipo de cambio oficial. Con lo cual, los especialistas ya están recomendando que con los pesos que se quiera blanquear es más recomendable comprar dólar blue. Luego depositar esos billetes en la cuenta especial del banco. Como para pagar el impuesto los dólares se valúan al tipo de cambio oficial, se paga menos impuesto. O sea, el dólar comprado según la cotización blue pero que se valúa impositivamente según el tipo de cambio oficial.

«Es preferible comprar dólares y blanquear dólares. Así, se tendrá mayor cantidad de pesos para invertir en la obra», recomendó a sus interlocutores, el CEO de GNP

El Gobierno porteño decidió cerrar las obras en construcción de más de 2500 metros cuadrados por tres semanas. La restricción busca disminuir “aún más circulación” y sería transitoria, según fuentes cercanas el jefe porteño y afectaría a 700 obras en ejecución. Por este motivo, el Gobierno ya convocó a una mesa de diálogo a la Cámara Argentina de la Construcción, la UOCRA, la Cámara de Desarrolladores Urbanos (CEDU) y la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV) para implementar un plan de trabajo de reapertura a medida que mermen los contagios por coronavirus. La expectativa es que la apertura se realice en etapas.

“Seguirán en funcionamiento las obras más pequeñas porque son las que están en manos de empresas con menos espalda financiera para sobrellevar los costos que implica dilatar los tiempos de una construcción”, advirtieron fuentes de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) que, entre otras funciones, se ocupa de fiscalizar las obras en construcción de la ciudad de Buenos Aires.

En números, de un total de 3000 obras privadas -de las que están declaradas- serán 2300 las que seguirán en actividad, esto es un 75% de las que están en ejecución, y que emplean a alrededor de 22.000 personas -6500 procedentes de la ciudad de Buenos Aires y otras 15.000 de la provincia de Buenos Aires-, según las declaraciones juradas que los mismos constructores presentaron el año pasado a la AGC.

Por otra parte, y si bien no se aclaró qué sucederá con aquellas obras que se encuentran en etapa de demolición y excavación -más allá de su metraje-, todo indicaría que podrían seguir con la actividad como una forma de mitigar el riesgo ya que se trata de obras que no pueden quedar durante mucho tiempo detenidas porque corren riesgo de derrumbe.

La noticia cayó como un balde de agua fría entre desarrolladores y constructores, sobre todo de aquellos que manejan los proyectos más grandes. “Debería haber sido al revés. Nosotros prácticamente no tuvimos contagio. Entrar a una obra es como entrar a la NASA”, analiza un importante desarrollador. Al mismo tiempo que advierte que “las obras de mayor metraje son las más fáciles de fiscalizar, además de tener menor densidad de personal por metro cuadrado, respetar a rajatabla los protocolos y contratar transporte privado para los trabajadores”.

Desde la UOCRA también manifestaron su malestar y anticiparon que el lunes citarán a los trabajadores a que se presenten en sus puestos de trabajo. La prioridad, según dijeron, es garantizar el salario. Además, insistieron que “está probado que las obras no contagian. Hubo nada más que 7000 contagios en la construcción, de los más de 300.000 que hubo en todo el año. Vamos por el protocolo 6.0, seis veces lo modificamos y ajustamos con las cámaras”.

La pérdida de empleo es una de las principales preocupaciones. Según los últimos relevamientos, hoy el sector de la construcción emplea a 315.000 personas, antes de la pandemia eran 360.000 y a mediados de 2018 se registraban 435.000. “Durante cinco meses del año pasado, los trabajadores aún cobrando el ATP apenas alcanzaban al 75% de su salario. Ahora en estas tres semanas, vamos a buscar alternativas con las empresas para que puedan seguir cobrando sus sueldos”, anticiparon.