Autor: infoconstruccion

Fuente: iProfesional ~ En medio de una crisis sin precedentes, las inmobiliarias le piden al Gobierno políticas públicas que incentiven la inversión y reactiven un sector golpeado por el contexto económico y la crisis sanitaria. Además insisten en rechazar la Ley de Alquileres, que hace un año regula el mercado locativo.

Según un informe de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI) que refleja las preocupaciones y expectativas del sector, hay dos temas fundamentales en agenda: el rechazo a la ley de alquileres y la necesidad de políticas públicas que incentiven la inversión.

Las inmobiliarias culpan a la nueva normativa del super-stock de propiedades hoy a la venta. Según datos de CAMESI, el 91% de los consultados sostiene que es necesaria una modificación a la norma vigente.

Lo cierto es que a raíz de la nueva legislación hubo una importante retracción de la oferta en el mercado locativo que se volcaron hacia la venta. Lo que también generó un incremento -del 71% interanual según datos de Zonaprop- en los precios, muy por encima de la inflación.

Con respecto al índice anual de indexación que elabora el Banco Central sostuvieron que » fue creado para que los inquilinos no tengan que pagar tanto de actualización y la realidad es que con el alto grado de inflación que hubo en los últimos meses, los terminó perjudicando: esa actualización está dando un 41%«, explicó el director ejecutivo de CAMESI, Mariano García Malbrán.

Además «mucha gente necesita alquilar y la nueva Ley impide aumentos en los primeros 12 meses, lo que hace que la barrera a la entrada sea más grande», agregó el especialista.

Por otra parte, el informe indica que, desde la puesta en vigencia de la norma, 8 de cada 10 operadores tuvieron propietarios que retiraron sus inmuebles de la oferta de alquiler, por lo que esa cartera, se achicó aún más encareciendo las unidades.

En lo que va del año ya se registra una baja en cantidad de inmuebles en alquiler del 10% en comparación al mismo periodo del año pasado.

En el mercado de inmuebles a la venta, hay 111.768 departamentos, 9900 unidades tipo PH, 6200 terrenos y oficinas, 5600 casas y 5400 locales.

«Lo que empieza a suceder es que los propietarios prefieren vender y no alquilar, y esto termina agravando el déficit habitacional que tenemos en nuestro país, por eso es necesario rever la Ley», analizó Malbrán.

Respecto al congelamiento del precio de los alquileres, el informe arroja que el 63% de los consultados se mostró en desacuerdo con volver a implementar esta medida. «El congelamiento es una medida que atiende la contingencia pero que, a la larga, termina achicando el mercado, generando mayor demanda y provocando que todas las partes pierdan», opinó García Malbrán. De acuerdo al informe, la mayoría de los propietarios prefiere vender la propiedad antes de ofrecerla en alquiler

Incentivos

En lo que respecta a los incentivos de políticas públicas para impulsar la actividad, el 75% de los operadores consultados considera necesario extender el plazo del beneficio de la Ley de Incentivo a la Construcción Federal Argentina y Acceso a la Vivienda, conocida como «blanqueo de capitales para la construcción».

El sondeo de la entidad que agrupa a empresas y operadores del sector refleja que el 66% de los consultados considera positivo el impacto de la norma para favorecer la construcción.

Un eventual incentivo del Estado orientado hacia la construcción destinada a la renta, es aprobado por un 74% de los consultados.

Casi unánimemente, operadores y empresas sostienen que el gobierno debe exceptuar del pago de algunos impuestos a locales comerciales, galerías, estacionamientos y oficinas. Las inmobiliarias sostienen que la ley de alquileres perjudica a los inquilinos

Precios

El informe señala también que desde el inicio de la pandemia del Covid-19 en marzo de 2020, el valor de las propiedades ha sufrido una baja que en promedio está en el 30 por ciento. 

El Observatorio revela que, de los más de 3500 operadores y empresas que se relevaron a lo largo y ancho del país, más de la mitad (52%) de los consultados sostiene que las propiedades bajaron un 20%, en tanto que un 25% considera que la caída está en el orden del 30%. 

Sin embargo, el presidente de la entidad, el desarrollador y corredor inmobiliario Alejandro Ginevra, consideró que «si bien es una caída drástica en los valores de las propiedades respecto de años anteriores, la realidad indica que esa baja del valor de los inmuebles no supera el 20% en un año. En el marco de esta crisis, esto demuestra que el mercado inmobiliario es sólido, incluso en situaciones extremas como las que estamos viviendo».

Fuente: La Nación ~ Hasta la semana pasada, cuando un comprador a pozo deseaba adquirir un departamento sólo conocía por el cartel de obra o la comunicación publicitaria el nombre de los arquitectos, el proyectista, el director de obra, la inmobiliaria y el propietario. Pero hay una figura que siempre faltó reconocer púbicamente: la del desarrollador urbano.

Este es el encargado de llevar el liderazgo del emprendimiento y del negocio, de firmar los contratos con los jugadores asociados, con la empresa constructora y con los compradores cuando entran en pozo. Por sobre todo, es quien asume los riesgos económicos y legales con todo el mundo. Los desarrolladores sólo aparecían si surgía de su voluntad la iniciativa de figurar en el cartel de obra, y es un rol que estaba reemplazado con el propietario, que aparecía como dueño patrimonial del inmueble.

Desde la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU), impulsaron la iniciativa en la Ciudad de Buenos Aires que fue finalmente aprobada para que los desarrolladores podrán poner su nombre en el cartel. A pesar de que esto puede conllevar más problemas para esta figura, ya que quedan expuestos a que les hagan los reclamos del caso, “dijimos que como cámara queremos hacer las cosas cada vez mejor y que estamos dispuestos a autoimponernos la obligación de aparecer”, manifestó a LA NACION el arquitecto Damián Tabakman, presidente de la CEDU.

Su proyecto no contaba con la matriculación ni colegiatura de la profesión, a diferencia del resto de los profesionales del área como arquitecto o el inmobiliario. Por ende, no va a haber ni un título habilitante, ni matricula a pagar ni colegio que regule la actividad. “Lo que salió aprobado es que el desarrollador tenga capacidad legal habilitada para trabajar y ser desarrollador, que es lo mismo que se le pide al propietario cuando aparece en el cartel de obra”, especificó Tabakman.

Sumado a esto, la semana pasada finalizó la primera cursada de la nueva materia Desarrollo de Proyectos Inmobiliarios, que justamente enseña a los alumnos de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires sobre los distintos aspectos y etapas de un proyecto inmobiliario. “En las encuestas resultó que los alumnos están fascinados con poder tener este conocimiento que antes no tenían”, destacó Tabakman -Jefe de Cátedra del nuevo curso- y afirmó que “los arquitectos tienen un montón de incumbencias profesionales y una de las más importantes cuando se reciben y salen al mercado es trabajar para cumplir el rol de desarrolladores inmobiliarios”.